La provincia de Buenos Aires le reclama al Estado Nacional casi 80 mil millones de pesos por el Fondo de fortalecimiento fiscal.
La Procuración General de la Nación le recomendó a la Corte Suprema que intervenga como tribunal originario en la demanda de la Provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional por la quita del Fondo de fortalecimiento fiscal de la Provincia de Buenos Aires (FOFOFI).
Se trata del reclamo del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, contra el gobierno de Javier Milei, que desde que asumió dejó de remitirle las partidas por ese fondo.
Kicillof pidió la inconstitucionalidad del decreto 192/24 –que derogó el FOFOFI- “con el objeto de contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de esa jurisdicción local”.
En ese sentido, la provincia “requiere el desembolso correspondiente al 1,18 por ciento de la recaudación de diciembre 2023, que debió transferirse en enero de 2024, por 33.676.934.796 pesos y el correspondiente a enero de 2024, a transferirse en febrero de 2024, por la suma de 43.959.428.629 pesos”.
La procuradora general adjunta Laura Monti dictaminó que “toda vez que la Provincia de Buenos Aires -a quien le concierne la competencia originaria de la Corte- demanda al Estado Nacional -con derecho al fuero federal, la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia originaria”.
El dictamen no es vinculante, pero establece que habiendo un conflicto entre un estado provincial y el Nacional, el único tribunal que debe intervenir es la Corte Suprema.
Kicillof sostiene que “el decreto 192/24 es arbitrario, discriminatorio e irrazonable y no se sustenta en los hechos y antecedentes que le sirven de causa, ni en el derecho aplicable, al desconocer las circunstancias de la creación del FOFOFI y el contexto de desigualdad crónica de la Provincia de Buenos Aires en materia de distribución de recursos coparticipables”.
“Su motivación es aparente, forzada, sesgada, parcial, incompleta y falsa, en tanto recarga sobre la Provincia de Buenos Aires el peso o la supuesta responsabilidad fiscal, castigándola y discriminándola frente al resto de las jurisdicciones”, añade la demanda.
La provincia de Buenos Aires explicó que “en la actualidad recibe solamente el 22 por ciento de los recursos coparticipables aun cuando concentra el 38,2 por ciento de la población, aporta el 35 por ciento del PBI nacional, posee el 42 por ciento de la población económicamente activa, el 50 por ciento del valor agregado industrial, concentra el 38 por ciento de la matrícula educativa, el 38 por ciento de las camas de terapia intensiva y posee una alta vulnerabilidad social, pues en su territorio residen aproximadamente un 58 por ciento de personas pobres y un 61 por ciento de indigentes”.
