Concejales del bloque de izquierda dentro del Concejo Deliberante de La Matanza, integrado por la edil Natalia Hernández (PTS) y Juan Romero (PO), impulsan el tratamiento de una ordenanza que propone crear un programa de acceso de alquiler social mediante un bono de alquiler destinado a mujeres a cargo de familias monomarentales.
En ese sentido, Hernández argumentó que “según el RENABAP, en la provincia de Buenos Aires, el 74 por ciento de las personas responsables de casas en asentamientos y barrios populares son mujeres, mientras que el 90 por ciento son monomarentales, es decir mujeres solas con sus hijas”. “Las cifras hablan por sí solas. La situación en el Distrito es realmente grave en materia habitacional”, consideró.
Según la redacción del proyecto se expresa que: “Podrán acceder al programa las mujeres que tienen a cargo: hijos menores de edad (con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de estos), o hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada”.
Además, el texto establece dos requisitos. Por un lado, “tener residencia efectiva en el Distrito durante los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda”. Por otro lado, “tener ingresos que no superen los 4 salarios mínimos”. A su vez, dispone que “las mujeres víctimas de violencia de género serán considerados colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas o planes de viviendas a construir por parte del Municipio”.
En el artículo cuarto, la iniciativa plantea que “el Municipio, con alguna de sus propiedades, será el garante del contrato de alquiler que tenga como locataria a la mujer a cargo de una familia monomarental”. Respecto del financiamiento del programa, las cláusulas cinco y siete exigen, respectivamente, crear una tasa especial “a las viviendas y terrenos ociosos a fin de promover el alquiler de viviendas” y “a las grandes empresas ubicadas en La Matanza”.
Asimismo, el proyecto dispone cubrir “el 60 por ciento del precio del alquiler” siempre y cuando se cumpla con la categoría de beneficiarias. En caso de que “la beneficiaria, o alguno de los familiares que convivan con ella, tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento de carácter psíquico o del 65 por ciento de carácter físico”, la cobertura ascendería al 75 por ciento. En tanto, “cuando se trate de familia numerosa, o lo determine la Secretaría de Políticas de Género y Diversidades, ante una situación de violencia de género”, se deberá cubrir el 100 por ciento del valor del alquiler.
