El Gobierno incluyó en el Presupuesto 2025 una ambiciosa y desafiante meta: que las tarifas de luz y gas cubran el 85% del costo de producción.
El Gobierno incluyó en el Presupuesto 2025 una ambiciosa y desafiante meta: que las tarifas de luz y gas cubran el 85% del costo de producción. Esto supone un cambio importante en la política de subsidios energéticos, donde actualmente los usuarios cubren aproximadamente el 60% de dichos costos.
La política de subsidios en Argentina ha experimentado una segmentación progresiva en los últimos años, y el Presupuesto 2025 profundiza este enfoque. Los usuarios están divididos en tres niveles:– Nivel 1 (N1): corresponde a los sectores de ingresos altos, quienes pagan el 100% del costo energético.– Nivel 3 (N3): abarca a los usuarios de ingresos medios, quienes aún reciben subsidios, pero con un bloque de consumo subsidiado más reducido.– Nivel 2 (N2): incluye a los sectores de ingresos bajos, quienes tradicionalmente reciben mayor asistencia. Sin embargo, las nuevas disposiciones prevén que también se verán afectados por restricciones en el consumo subsidiado.
El ajuste propuesto implica una reducción del 47% en los subsidios energéticos, lo que representa una disminución de más de 3.600 millones de dólares en los costos asumidos por el Estado. Esto implica que una mayor proporción de los costos será transferida directamente a los consumidores.
Impacto en los usuarios de ingresos medios y bajos
Uno de los principales desafíos de este ajuste es su impacto sobre los usuarios de ingresos medios y bajos, quienes sentirán más fuertemente el aumento en sus facturas. Con un contexto económico marcado por alta inflación y recesión, el poder adquisitivo de estos sectores ya ha sido afectado, lo que agrava la situación. Las políticas implementadas en 2024 por el Gobierno de Milei ampliaron los subsidios a más hogares, pero los topes de consumo han sido más estrictos, generando tensiones sobre cómo balancear las necesidades sociales con los objetivos fiscales.
El Decreto 465/2024, firmado por el presidente Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, establece un período de seis meses para la transición hacia este nuevo esquema de subsidios. Durante este tiempo, el Gobierno espera ajustar los mecanismos que permitan una implementación eficiente de la Canasta Básica Energética (CBE), una herramienta diseñada para garantizar un consumo mínimo subsidiado. Sin embargo, su implementación ha sido complicada debido a la falta de datos actualizados sobre los hogares beneficiados.
A medida que el nuevo esquema tarifario se aplica, los sectores más vulnerables de la población temen que el aumento en los costos energéticos genere un mayor malestar social. Este temor es particularmente relevante en momentos donde la inflación y la pérdida de empleo han incrementado los niveles de pobreza, llevando a muchos hogares a enfrentar dificultades para cubrir sus necesidades básicas.
El desafío fiscal y la sustentabilidad del sistema energético
El Gobierno defiende la necesidad de este ajuste tarifario como una medida crucial para evitar una crisis fiscal mayor. Desde su perspectiva, es fundamental reducir el peso de los subsidios energéticos en las cuentas públicas para asegurar la sostenibilidad del sistema y, al mismo tiempo, destinar los recursos a quienes más los necesitan. No obstante, expertos advierten que alcanzar el objetivo del 85% dependerá de la capacidad del sistema energético para ser más eficiente y reducir costos, especialmente en lo que respecta a la importación de gas.
A medida que se aproxima el verano, existe preocupación por la posibilidad de que los costos energéticos se incrementen aún más debido a la necesidad de implementar medidas para evitar cortes de luz durante los picos de consumo. Esto podría llevar a nuevos aumentos en las tarifas, afectando de manera directa a los hogares que ya enfrentan dificultades económicas.
Una política con impacto social
El ajuste tarifario propuesto en el Presupuesto 2025 presenta un panorama complejo para los usuarios y el Gobierno. Mientras se busca reducir los subsidios energéticos y avanzar hacia un sistema más eficiente, el impacto sobre los sectores de ingresos bajos y medios será significativo, y el malestar social podría aumentar. En este contexto, el desafío estará en lograr un equilibrio entre la necesidad de avanzar hacia la sustentabilidad fiscal y la protección de los más vulnerables.
