En la previa a la sesión, en Casa Rosada ven los números con preocupación, a excepción de Patricia Bullrich. La implicancia de los dos tercios opositores y el rol de Macri.
En Casa Rosada saben que la sesión del miércoles que tratará el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario será compleja, sobre porque -hasta el momento- no cuentan con los votos suficientes para sostener las voluntades del Poder Ejecutivo, por lo que ya anticipan que judicializarán la decisión legislativa.
A la espera de la definición del PRO, espacio que hoy reúne vía Zoom a su titular Mauricio Macri con la mesa política del partido, y mañana celebrará un nuevo intercambio del bloque, en el Gobierno sacan cuentas sin grandes expectativas respecto a la consolidación del número necesario para reafirmar el veto.
A contramano de la agenda habitual, se suspendió la cita prevista para hoy entre los legisladores amarillos y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) que visitan todos los lunes los despachos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para avanzar en las mesas técnicas conjuntas con diputados de La Libertad Avanza y autoridades del Poder Ejecutivo.
Lo cierto es que a diferencia de lo que ocurrió con la reforma jubilatoria, en el PRO hay dudas sobre el voto de sus 34 diputados del bloque luego de la multitudinaria marcha en favor de la universidad pública y en contra del veto.
En las filas libertarias perciben el titubeo y ante la generalizada desesperanza, destaca en el Gabinete las expectativas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien mantiene la ilusión de que los legisladores utilicen el mismo criterio que usaron para respaldar el veto a la actualización jubilatoria alegando a que se trata de un tema de “menor sensibilidad”..
Incluso, evitan analizar el mensaje que publicó el expresidente en sus redes como un guiño, pese a que Francos acusara recibo al plantear públicamente que Macri “ha sido muy claro siempre en sus posiciones”.
“Parece que recuperó la coherencia”, sostuvo un importante alfil libertario tras la extensa, pero ambigua publicación del fundador de Juntos por el Cambio.
A sabiendas de que Macri demora la decisión del espacio con la intención de negociar el desembarco de algunos nombres propios en la administración libertaria, en la mesa chica del presidente Javier Milei rechazan la posibilidad y reafirman que no darán el brazo a torcer.
“En todo caso, en el peor de los escenarios se judicializará. En términos presupuestarios da lo mismo”, advirtió una importante fuente al respecto.
La preocupación reside en el dolor de cabeza que generará a futuro la consolidación de una oposición con dos tercios en la Cámara de Diputados, lo que reconfigurará la arquitectura legislativa, ante una Senado debilitado. “Van a querer insistir con leyes menores, eso sí es un problema”, reconocieron por los pasillos de Balcarce 50.
En el incipiente poroteo que lleva el oficialismo dan por descontados el acompañamiento de dos de los cinco radicales díscolos, Luis Picat y Ricardo Campero, quienes ya comunicaron su apoyo, y ven factible que los tres restantes puedan sumar su adhesión.
“Si la reunión del PRO sale bien, ahí recién empezamos a porotear en serio. Tenemos que saber desde dónde partimos para salir a buscar apoyos”, contó un funcionario involucrado en la negociación.
También ven luz verde en la posibilidad de avanzar en el diálogo con los gobernadores para torcer la voluntad de algunos integrantes del Innovación Federal, pese al anticipo de la jefa de bloque, Pamela Calletti, quien reveló que rechazará las intenciones del mandatario.
Con dos de los diputados del MID asegurados, sin Óscar Zago que estará de viaje, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, trabaja en acercarse a los 87 votos a favor a menos de seis días de la sesión.
De darse el peor de los escenarios para el oficialismo, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya anticipó que acudirán a la justicia. “Están presentando un gasto sin contrapartida”, se quejó en declaraciones al canal LN+.
“Lo que dice la ley de Administración Financiera es que el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique”, afirmó, al tiempo que remarcó: “Probablemente lo haremos por la vía de la justicia, o administrativa, siempre en el marco de la ley, si ésta nos da la razón”.
