La previsión para el año entrante no fue incluida en el temario que se debatirá en las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo. Los planes de la administración libertaria.
Tras la puja abierta entre el Gobierno Nacional y las provincias, de no tratarse el Presupuesto 2025 en el Congreso, la opción más viable es que el Poder Ejecutivo prorrogue el Presupuesto 2023 como lo hizo ni bien asumió el pasado 10 de diciembre.
Lo cierto es que las negociaciones con los gobernadores se encuentran suspendidas debido a que reclaman una serie de puntos que para el presidente Javier Milei atentan contra la premisa inviolable del déficit cero.
De no alcanzar el escenario deseado, la primera opción de la administración libertaria es prorrogar la hoja de cálculo del 2023, aunque hay alternativas que podrían darse, pese a su baja probabilidad.
Por los pasillos de Casa Rosada aseguran que, de acceder las provincias a garantizar el apoyo al proyecto original que defendió el proprio mandatario en el recinto, podría incluirse al temario y tratarse durante el mes de febrero.
A la mesa chica libertaria no le importa las fechas porque la prioridad la tiene el respaldo al presupuesto que fue diseñado por los equipos técnicos libertarios y oficializado en septiembre. “Si acceden a votar el Presupuesto que mandamos, tranquilamente podría tratarse en febrero. Dependerá de los gobernadores”, sostuvo una importante alfil libertario.
El conflicto reside en las exigencias de los mandatarios provinciales que consisten en las deudas por cajas previsionales; la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos; la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN); la limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP) y compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017.
Ante este panorama, y sin puntos de acuerdo con las provincias, la opción más viable es que Milei, como lo hizo en diciembre de 2023, disponga una nueva prorroga de las previsiones sancionadas en diciembre de 2022, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU).
De esta forma, contará nuevamente con discrecionalidad para manejar las cuentas del Estado, amparado en el artículo 2 del decreto el Ejecutivo delega al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a “adecuar oportunamente” la previsión según el contexto.
