La Justicia no sólo había impuesto una medida cautelar de no innovar para el INTA, sino que, el martes, fijó que debía pagar una multa de $10 millones diarios.
La semana pasada, el Ministerio de Economía emitió una resolución en la que despedía a unos 300 trabajadores del INTA, casi 50 del INV y unos pocos más del Inase. Sin embargo, tuvo que dar marcha atrás con las desvinculaciones de los empleados del INTA, por decisión de la Justicia.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) junto al gremio APINTA presentaron un pedido de no innovar, por los cambios del decreto 462/2025, de los primeros días de julio, que había fijado que el INTA -y otros organismos descentralizados- pasaran a formar parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Ministerio de Economía.
El juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, número 2, dispuso, el 20 de agosto, que el Estado nacional “deberá abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del decreto 462/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Esto, por el plazo de 6 meses a partir de la notificación de la resolución judicial.
Pese a esto, el jueves 22, apenas una hora después de que el Senado ratificara el veto de Diputados al decreto, el ministro Luis Caputo emitió una resolución en la que pasó a disponibilidad a 300 empleados del INTA Buenos Aires y Castelar.
Este martes, el mismo juzgado ratificó y amplió la medida cautelar, y dispuso que el Gobierno nacional debía pagar una multa de $10 millones cada día de incumplimiento.
