La secretaria general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), Clara Chevalier, encendió nuevamente el debate sobre la situación salarial de los trabajadores universitarios, al afirmar que los sueldos del sector están entre los más bajos desde la restauración de la democracia en Argentina.
Bajo escenario señaló que, en la práctica, los ingresos de quienes enseñan y forman a nuevas generaciones en las casas de altos estudios se encuentran hoy muy por debajo de lo necesario para cubrir gastos básicos como alquileres y alimentos, y que la actual política salarial no responde a las necesidades reales de las familias de los trabajadores.
Según la dirigente, la situación no solo refleja un deterioro del poder adquisitivo, sino una ruptura del consenso histórico sobre la importancia de invertir en educación pública como política de Estado.
La referente gremial remarcó que, si bien hay argumentos oficiales sobre la falta de recursos disponibles, la pérdida salarial tiene un componente estructural que va más allá de lo económico, vinculándose con decisiones de política que no priorizan el sostenimiento de la educación superior ni la valoración de sus trabajadores.
En este contexto, destacó que muchos docentes hoy perciben menos de medio millón de pesos mensuales, una cifra que, en términos reales, no resulta suficiente para garantizar condiciones de vida mínimas.
La advertencia de Conadu se da en un marco más amplio de preocupación por la situación de la universidad pública argentina, donde distintos indicadores muestran que los salarios docentes y no docentes han perdido terreno frente a la inflación y a las cargas de costos básicos.
Estudios del sector educativo señalan que los salarios han sufrido caídas reales significativas en los últimos años y que esta erosión contribuye a tensiones laborales, medidas de fuerza y reclamos por paritarias adecuadas.
El reclamo gremial también se enmarca en un contexto de debate sobre el presupuesto universitario, donde la asignación de recursos para gasto corriente y salarios ha sido objeto de ajuste, obligando a las casas de estudio a afrontar restricciones que impactan tanto en la calidad educativa como en las condiciones laborales de su personal.
