El investigador Juan Carlos de Souza sostiene que las autoridades del INTA tergiversaron una resolución médica para justificar su desvinculación, en un caso que pone en juego los derechos laborales y de las personas con discapacidad.
Un investigador del INTA Castelar, Juan Carlos de Souza, presentó un recurso administrativo para impugnar su cesantía, asegurando que la decisión se basó en una interpretación “tergiversada” de un dictamen de la Junta Médica del Ministerio de Salud. Según De Souza, el informe original solo extendía su licencia por largo tratamiento, pero la Gerencia de Salud del INTA lo transformó en un argumento para iniciar su desvinculación.
El trabajador, que cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y trabaja en el instituto desde 2002, afirma que nunca se le comunicó un porcentaje de incapacidad y que continuó cumpliendo tareas adaptadas a sus capacidades, como dictado de talleres, edición de manuales de educación ambiental y trabajos en el Jardín Botánico Arturo E. Ragonesse.
De Souza denuncia que la administración lo presionó para aceptar un retiro por invalidez, a cambio de una indemnización, y califica el accionar como hostigamiento laboral (“mobbing”). También vincula el caso con un plan de reducción de personal dentro del organismo, que afecta especialmente a técnicos y profesionales.
En su presentación, el investigador invoca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación nacional que protege la continuidad laboral y la integración en el empleo público, y solicita la nulidad de su cese, su reintegro inmediato y la percepción íntegra de su salario.
De Souza advierte que la administración avanzó directamente hacia la desvinculación sin determinar formalmente su incapacidad ni reasignar funciones compatibles, lo que, según su visión, constituye un despido discriminatorio y un abandono de persona.
