La creación de la Oficina de Respuesta Oficial por parte del gobierno de Javier Milei profundizó las alarmas sobre el avance del Estado en la disputa y fiscalización del discurso público. Bajo el argumento de “combatir la desinformación”, la iniciativa instala al propio Gobierno como árbitro de lo verdadero y lo falso, una función que históricamente ha encendido alertas en las democracias liberales.
Las comparaciones con el “Ministerio de la Verdad” de 1984, de George Orwell, no tardaron en aparecer. Si bien desde el Ejecutivo rechazan cualquier vínculo con prácticas de censura, la creación de un organismo estatal dedicado a señalar, desmentir y exponer contenidos periodísticos plantea interrogantes profundos sobre los límites del poder político frente a la libertad de expresión.
En su presentación oficial, la Oficina afirma no buscar imponer una mirada ni convencer a la ciudadanía. Sin embargo, el hecho de que sea el propio Estado quien decide qué información es falsa y sale a confrontarla desde una posición de poder institucional desdibuja la frontera entre rectificación y disciplinamiento, especialmente en un contexto de ataques reiterados del presidente a periodistas, medios y opositores.
El Gobierno sostiene que la eliminación de la pauta oficial dejó al descubierto una supuesta “industria de la mentira” y que, frente a ese escenario, resulta necesario que exista una voz oficial que “desenmascare operaciones”. La lógica, no obstante, traslada al Estado el rol de actor central en la disputa comunicacional, reforzando una relación asimétrica con quienes ejercen el periodismo o expresan miradas críticas.
Lejos de limitarse a brindar datos verificables, la Oficina se inscribe en una estrategia más amplia de confrontación política, donde la deslegitimación del disenso y la estigmatización de la crítica aparecen como herramientas habituales. En ese marco, la promesa de “más información” convive con el riesgo de hostigamiento institucional, incluso sin recurrir a mecanismos formales de censura.
Mientras en la distopía de Orwell el control se ejercía mediante la manipulación del pasado, en el escenario actual el peligro radica en la construcción de una verdad estatal en tiempo real, amplificada por el aparato oficial y utilizada para condicionar el debate público. El interrogante central ya no es si existe censura directa, sino hasta qué punto un gobierno puede intervenir en el discurso sin erosionar las bases del pluralismo democrático.
