La creación de la Oficina de Respuesta Oficial por parte del gobierno de Javier Milei reavivó el debate sobre los límites del Estado en la validación de la información pública y su injerencia directa en el debate democrático. La medida generó comparaciones inevitables con el “Ministerio de la Verdad” de 1984, la novela de George Orwell, y encendió alertas sobre el avance del poder político en la disputa por el sentido y la verdad.
Aunque desde el Ejecutivo aseguran que el nuevo organismo no busca censurar contenidos, su sola existencia vuelve a colocar al Estado en un rol problemático: el de evaluador, corrector y expositor de lo que considera falso dentro del espacio público. Un terreno históricamente sensible en cualquier sistema democrático.
En la obra de Orwell, el Ministerio de la Verdad se encargaba de reescribir la historia para adecuarla a la doctrina oficial. La oficina impulsada por el oficialismo libertario propone una modalidad distinta, aunque no menos controvertida: no borrar ni silenciar noticias, sino “desmentir activamente” y “señalar falsedades concretas” difundidas por medios y actores políticos, desde una posición de poder institucional.
El comunicado fundacional del organismo intenta desactivar las críticas de autoritarismo. “Esta Oficina no busca convencer ni imponer una mirada”, sostienen, y afirman que su método consiste en “combatir la desinformación brindando más información”, una práctica que el propio Gobierno define como “lo contrario a la censura”. Sin embargo, la pregunta que subyace es quién define qué es desinformación y bajo qué criterios.
La iniciativa se inscribe en lo que la administración Milei denomina una “batalla por el relato”. Desde la Casa Rosada argumentan que, tras el retiro de la pauta oficial, la supuesta “mentira” ganó volumen y visibilidad, y que frente a ese escenario resulta necesario que el Estado cuente con una voz oficial que confronte a medios de comunicación y a la denominada “casta política”.
El propio presidente celebró el lanzamiento de la Oficina como una herramienta para “desenmascarar mentiras”, planteando que la verdad no se impone anulando al otro, sino disputándose en la arena pública. No obstante, críticos advierten que cuando esa disputa es encabezada por el Estado, el riesgo no reside solo en la censura directa, sino en el hostigamiento, la estigmatización y el uso del aparato oficial para condicionar el debate.
Mientras en la distopía de Orwell el objetivo era que la sociedad olvidara o confundiera los hechos, la Oficina de Respuesta Oficial afirma buscar que los ciudadanos puedan “distinguir hechos de operaciones”. El límite entre una política de comunicación legítima y la construcción de una verdad estatal aparece, así, como una frontera difusa que promete concentrar el centro de la discusión política en los próximos días.
