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INTA en peligro, pero diez municipios del AMBA ponen límites al Gobierno

Un grupo de trabajadores del INTA reafirmó este jueves el desmantelamiento progresivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la región del AMBA, y denunció que la medida impulsada por el gobierno de Javier Milei pone en riesgo la producción agroalimentaria, el empleo local y la asistencia técnica a miles de productores familiares.

Según informaron, el conflicto surge a raíz de la restructuración impulsada por el Ejecutivo, que busca transferir tierras del INTA a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su posterior venta o concesión, en lo que los trabajadores describen como un negocio inmobiliario que prioriza la recaudación del Tesoro Nacional por sobre la función productiva y social del organismo.

Apoyo institucional y resistencia local

El grupo de trabajadores del INTA señaló que autoridades de diez municipios ya aprobaron normativas para frenar el desguace, incluyendo Moreno, Almirante Brown, Berazategui, Berisso, General Rodríguez, Luján, Merlo, San Martín y San Vicente. En tanto, en Avellaneda, La Matanza y Lomas de Zamora avanzan con expedientes similares. Según los denunciantes, estas medidas buscan proteger la asistencia técnica a productores periurbanos y garantizar la continuidad de la soberanía alimentaria regional.

Desfinanciamiento y pérdida de estructura

La denuncia también subraya que, además de la amenaza sobre sus tierras, el INTA ha sufrido una caída del 40% en su presupuesto desde 2024, regresando a niveles de 2003, con nuevos recortes previstos para 2026. La estructura en peligro incluye 15 centros regionales y 400 nodos experimentales y agencias de extensión, que constituyen una red clave para vincular a productores, cooperativas y gobiernos locales.

El grupo de trabajadores enfatiza que estas medidas afectan directamente a la agricultura familiar, la capacitación técnica de profesionales y la producción regional, con consecuencias que podrían ser irreversibles para miles de familias que dependen de estas actividades. En Moreno, por ejemplo, más de 400 productores periurbanos se verían directamente perjudicados; gracias al trabajo cotidiano de 12.000 familias, el distrito fue declarado “capital provincial del plantín floral”.

Tierras en riesgo de negocio inmobiliario

Los denunciantes advierten que 33.836 hectáreas del INTA podrían ser objeto de venta o arrendamiento, a pesar de que oficialmente se argumenta que están “en desuso”, una afirmación que califican de falsa y engañosa. La primera etapa del plan de la AABE ya involucró 22 campos experimentales y el histórico edificio de Cerviño 3101 en CABA, afectando la capacidad de los centros de investigación y capacitación para cumplir con su misión.

Actualmente, el INTA cuenta con 5.791 empleados, tras 878 desvinculaciones entre 2024 y la fecha por retiros voluntarios, jubilaciones y cesantías, lo que limita aún más su capacidad de operar con normalidad.

Un llamado a la defensa de la institución

El grupo de trabajadores del INTA subraya que “n”o hay proyecto de país posible sin instituciones como el INTA, que desde la década de 1950 aportan a la economía, a la agricultura familiar y a las políticas públicas del sector agroalimentario”. Según ellos, “la combinación de desfinanciamiento, venta de tierras y pérdida de personal pone en peligro la soberanía alimentaria, el empleo local y el desarrollo rural, en lo que califican como un ataque directo a un organismo clave para el país“.

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