La creación de la Oficina de Respuesta Oficial, presentada por el gobierno de Javier Milei como una herramienta para combatir supuestas “operaciones de prensa”, quedó rápidamente rodeada por un respaldo político cerrado que refuerza las preocupaciones sobre su verdadero alcance. Lejos de exhibir autonomía institucional, el organismo nació directamente apadrinado por el núcleo duro del poder, consolidándose como una pieza central del dispositivo de control del discurso oficial.
El respaldo inmediato del presidente Javier Milei, junto con la adhesión formal de la Oficina del Presidente, no solo valida la existencia del nuevo organismo, sino que lo instituye como árbitro autorizado de lo verdadero y lo falso dentro del ecosistema informativo. De este modo, el Estado no se limita a comunicar su posición, sino que avanza sobre el terreno de la fiscalización del contenido periodístico, una frontera particularmente sensible en términos democráticos.
La definición pública del propio Milei terminó de despejar cualquier duda sobre el espíritu de la iniciativa. Al replicar el mensaje inaugural de la cuenta, el Presidente sentenció:
“PARA DESENMASCARAR MENTIRAS Y OPERACIONES DE LOS MEDIOS. Fin.”
La frase, lejos de transmitir una vocación informativa, expone una lógica de confrontación directa y estigmatización de la prensa, reforzando el temor a un uso del aparato estatal como herramienta de presión simbólica.
Alineamiento total y concentración del mensaje
El listado de seguidores de la cuenta oficial de la Oficina de Respuesta Oficial deja en evidencia un alineamiento político sin fisuras. Ministros, secretarios y asesores estratégicos del Gobierno aparecen respaldando de manera explícita a un organismo cuya función central será señalar y desacreditar información difundida por terceros.
Este apoyo transversal del Gabinete refuerza la lectura de que no se trata de una iniciativa técnica ni informativa, sino de una estrategia coordinada de centralización del mensaje oficial, donde el Estado busca intervenir activamente en la construcción de sentido y condicionar el debate público desde una posición de poder.
Militancia digital y riesgo institucional
En sintonía con la llamada “batalla cultural”, la Oficina también es acompañada por influencers y militantes digitales alineados con el oficialismo, diluyendo aún más la frontera entre comunicación institucional y activismo político. La convergencia entre funcionarios, trolls e influencers plantea un escenario inquietante: el Estado como actor dominante en la disputa por la información, amplificando su voz y reduciendo el margen para el disenso.
El peligro no reside únicamente en la censura directa, sino en una forma más sutil y efectiva de control: la estigmatización permanente, la señalización pública y la presión desde el poder sobre periodistas, medios y voces críticas. En ese marco, el respaldo político cerrado a la Oficina de Respuesta Oficial no disipa dudas, sino que profundiza las alertas sobre un modelo de comunicación estatal que amenaza con erosionar el pluralismo informativo.
