Mientras el Gobierno impulsa en el Congreso una supuesta “modernización” de las relaciones laborales, la discusión vuelve a mostrar un patrón conocido: reformas presentadas como avances tecnológicos que, en los hechos, trasladan riesgos desde el Estado y las empresas hacia los trabajadores y trabajadoras. El artículo 35 del proyecto de reforma laboral —que habilita el pago de salarios a través de billeteras virtuales— es un ejemplo elocuente de ese corrimiento.
El debate público se ha concentrado en la “libertad de elección” y la digitalización, pero dejó en segundo plano una pregunta central: ¿qué efectos estructurales tiene esta medida sobre el crédito productivo y, en última instancia, sobre el empleo?
Las propias entidades bancarias advierten que el cambio en la modalidad de pago del salario impacta de lleno en el sistema de financiamiento a pequeñas y medianas empresas. Hoy, el flujo estable de sueldos acreditados en cuentas bancarias funciona como una de las principales fuentes de fondeo para otorgar créditos con plazos y tasas compatibles con la actividad productiva. Al fragmentar ese circuito, el Gobierno pone en riesgo una de las pocas herramientas que sostienen a las pymes en un contexto de recesión y ajuste.
Según explican las asociaciones bancarias, cuando los salarios se canalizan a través de Proveedores de Servicios de Pago (PSP), esos fondos dejan de cumplir un rol productivo y pasan a ser administrados mayoritariamente vía Fondos Comunes de Inversión, en especial money market. El dato no es menor: cerca del 40% de los depósitos del sistema financiero ya se encuentra indirectamente colocado en este tipo de instrumentos, caracterizados por su volatilidad y escasa utilidad para el crédito productivo.
La aprobación del artículo 35 profundizaría esta dinámica, ampliando el volumen de fondos considerados “inestables” y reduciendo aún más la base prestable. Aunque ese dinero eventualmente regrese a los bancos, lo haría concentrado y con exigencias regulatorias que impiden su uso para financiar a pymes, encareciendo el crédito para familias y empresas chicas.
Las normas de liquidez del Banco Central obligan a las entidades a mantener un coeficiente del 100% sobre los depósitos provenientes de PSP canalizados vía FCI, precisamente por su carácter volátil. En términos simples: ese dinero no sirve para prestar. El resultado es previsible y ya conocido: menos crédito y más caro.
Desde la banca lo sintetizan sin eufemismos: sin depósitos, no hay préstamos. Y sin préstamos accesibles, las primeras perjudicadas son las pymes y el empleo. La cuenta sueldo, señalan, no es un privilegio corporativo sino la columna vertebral de un sistema que, con todas sus limitaciones, aún sostiene parte del entramado productivo.
El contraste con el discurso oficial es evidente. Mientras se promete libertad y eficiencia, se omite que los depósitos bancarios cuentan con garantías formales y que el sistema ha demostrado solidez operativa incluso en contextos críticos. Para millones de trabajadores y jubilados, la seguridad del cobro no es una abstracción ideológica, sino una condición material.
El propio mapa del crédito expone las tensiones del modelo. Aunque los grandes bancos concentran la mayor parte del capital prestado a pymes, la llegada efectiva a empresas es más distribuida y muestra la irrupción de plataformas y emisoras de tarjetas con alta capilaridad. Lejos de democratizar el financiamiento, este esquema fragmentado convive con tasas elevadas y acceso desigual.
Desde el sector fintech, el argumento gira en torno a la digitalización de la economía y la elección individual. Se presenta la posibilidad de cobrar el salario en billeteras como un avance natural y se acusa a las regulaciones de preservar “privilegios históricos”. Sin embargo, esa narrativa omite deliberadamente la asimetría de poder entre trabajadores, empresas y plataformas, y desatiende el impacto sistémico de vaciar de contenido productivo al salario.
Los datos muestran que el sistema ya es híbrido: la mayoría de los usuarios combina cuentas bancarias y billeteras virtuales. La disputa no es tecnológica, sino política. Lo que está en juego es quién controla el flujo más valioso de la economía: el salario.
Las encuestas revelan, además, que una parte significativa de la población sigue prefiriendo la cuenta bancaria como espacio de resguardo del ingreso. Entre los sectores de menores recursos, la principal barrera no es la tecnología, sino el temor a perder el salario por fallas, falta de respaldo o ausencia de canales de reclamo.
En ese contexto, la reforma laboral vuelve a mostrar su sesgo: bajo el discurso de la modernización, se desprotege al trabajador, se debilita el crédito productivo y se favorece un esquema financiero más volátil, menos regulado y funcional a la lógica del ajuste. Una vez más, el costo del experimento recae sobre quienes viven de su trabajo.
