El proyecto de reforma del régimen penal juvenil ingresó este lunes a la Cámara de Diputados y comenzará a transitar una rápida agenda parlamentaria: será tratado en comisión el miércoles y debatido en el recinto el jueves.
La iniciativa es prácticamente la misma que obtuvo dictamen en 2025, aunque el Gobierno nacional incorporó una modificación clave: un mecanismo de compensación de fondos entre la Nación y las provincias para financiar la implementación del nuevo régimen, uno de los puntos que había generado resistencia en debates anteriores.
El eje central del proyecto es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, una propuesta que vuelve a instalar una fuerte polémica política, social y jurídica. El texto establece un régimen especial para menores, basado en medidas “socioeducativas” y penas alternativas, y excluye expresamente la posibilidad de dictar condenas de prisión perpetua. Además, fija un máximo de 20 años de condena para personas menores de edad.
Según la iniciativa, los adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves podrían recibir sanciones similares a las de los adultos, con condenas de hasta 15 años, aunque sin cumplirlas en cárceles comunes. En cambio, para delitos con penas menores a tres años —o hasta diez años cuando no medie violencia grave— se prioriza un enfoque social y educativo, con herramientas como la libertad asistida, las tareas comunitarias y otras medidas no privativas de la libertad.
Desde el Poder Ejecutivo señalaron que el objetivo del proyecto es poner fin a lo que denominan la “puerta giratoria” en la delincuencia juvenil y avanzar sobre delitos cometidos por jóvenes de 16 años que, bajo la legislación vigente (Ley 22.278), no reciben condenas penales efectivas.
La iniciativa reabre un debate sensible que divide opiniones dentro y fuera del Congreso. Mientras el Gobierno sostiene que la reforma permitirá dar una respuesta más eficaz frente al delito, distintos sectores advierten que la baja de la edad de imputabilidad no resuelve las causas estructurales de la violencia y podría profundizar la criminalización de adolescentes en contextos de vulnerabilidad.
Con un tratamiento exprés en el Parlamento, el proyecto promete convertirse en uno de los debates más intensos de la semana legislativa.
