El fotógrafo Pablo Grillo se presentó como querellante en la causa judicial que investiga la represión ocurrida durante una movilización en las inmediaciones del Congreso Nacional, con el objetivo de avanzar sobre las responsabilidades jerárquicas y políticas dentro de la Gendarmería Nacional.
La estrategia judicial apunta a profundizar la investigación sobre la cadena de mando, al considerar que el disparo que hirió a Grillo no puede ser analizado como un hecho aislado ni como una decisión individual del efectivo que accionó el arma.
La abogada Agustina Lloret, del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) y representante legal del fotógrafo, confirmó que la querella también solicitó que se investigue el rol de la exministra de Seguridad Nacional y actual senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en el diseño y supervisión del operativo.
Grillo fue alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por el gendarme Héctor Guerrero, durante el desarrollo de la protesta. Según consta en el expediente, el disparo se realizó en condiciones que contravienen de manera explícita los protocolos vigentes para el uso de este tipo de armamento.
Desde la querella remarcan que el accionar de Guerrero se dio en presencia de superiores jerárquicos, responsables de la supervisión directa del personal desplegado en el operativo. “Estaba rodeado de gendarmes con funciones claras de control. Nadie intervino para frenar una conducta que puso en riesgo la vida de los manifestantes”, señalaron desde la defensa.
La resolución judicial ya confirmó que el disparo tuvo un carácter prohibido e ilegal, al haber sido efectuado en ángulo horizontal y de forma directa hacia la multitud, una práctica expresamente vedada por los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad. La autoría del disparo fue atribuida de manera directa al efectivo involucrado.
Ante este escenario, la querella solicitó a la jueza María Servini que amplíe la investigación no solo hacia los anillos de supervisión y control dentro de la Gendarmería, sino también hacia el diseño general del operativo de seguridad, abriendo la puerta a eventuales responsabilidades políticas.
El planteo judicial busca dejar en claro que la represión no fue producto de un “exceso individual”, sino el resultado de un operativo tolerado, supervisado y ejecutado bajo una cadena de mando que aún no fue plenamente investigada.
