Con una amplia participación del movimiento obrero, cámaras empresarias y referentes del sector productivo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires reafirmó su rechazo al proyecto de reforma laboral promovido por la administración nacional, al que calificó como regresivo y perjudicial para las y los trabajadores.
En el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense, los ministros de Trabajo, Walter Correa, y de Gobierno, Carlos Bianco, presentaron un informe técnico-político de más de 60 páginas que expone los fundamentos por los cuales la Provincia se opone a la denominada “Modernización Laboral”.
El documento analiza la iniciativa desde una perspectiva constitucional, productiva y de ampliación de derechos, y advierte que su eventual aprobación provocaría una fuerte pérdida de derechos laborales, mayor precarización del empleo, debilitamiento de la organización sindical, desfinanciamiento del sistema de seguridad social y una reducción del rol del Estado como garante de derechos.
Durante la presentación, autoridades provinciales remarcaron que la reforma no fue debatida con las provincias ni con los sectores involucrados, y señalaron que responde a una lógica de flexibilización laboral que ya fracasó en el pasado.
“El proyecto no tiene un solo artículo que defienda los derechos de las trabajadoras y los trabajadores”, sostuvo Correa, quien además advirtió que este tipo de iniciativas avanzan cada vez que sectores de la derecha y la extrema derecha acceden al poder. “Vienen por la precarización laboral”, enfatizó.
El ministro también destacó el carácter colectivo del trabajo presentado y llamó a generar conciencia para dar un debate profundo que impida la consolidación de un proceso iniciado durante la última dictadura y profundizado por el actual Gobierno nacional.
Por su parte, Carlos Bianco cuestionó el argumento oficial de que la reforma generará empleo y aseguró que el verdadero objetivo es avanzar en un proceso de desindustrialización. “El empleo no se crea flexibilizando derechos, sino fortaleciendo la producción y las políticas públicas. Este proyecto apunta a desfinanciar la seguridad social y a debilitar a las provincias”, afirmó.
El encuentro reunió a representantes sindicales, PYMEs, cámaras empresariales, abogados laboralistas, legisladores nacionales y provinciales, ex ministros de Trabajo bonaerenses y funcionarios de distintas áreas del gobierno provincial. Diversos oradores coincidieron en rechazar la reforma y respaldar el posicionamiento de la Provincia.
Desde el Ejecutivo bonaerense señalaron que el informe busca aportar argumentos técnicos y políticos al debate público y legislativo, con el objetivo de defender los derechos laborales conquistados y alertar sobre las consecuencias económicas y sociales que, según advirtieron, se profundizarían si el proyecto del Gobierno nacional avanza.
