El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó con dureza la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y sostuvo que el proyecto constituye “una burla” al presentarse como modernización cuando, en realidad, implica —según advirtió— un proceso de igualación hacia abajo que recorta derechos en lugar de ampliarlos.
Para el mandatario, la iniciativa no apunta a mejorar la situación de quienes hoy trabajan en condiciones precarias o sin protección, sino a degradar las garantías de quienes aún conservan derechos laborales. En esa línea, planteó que la flexibilización propuesta no generará empleo, sino que consolidará un esquema de mayor vulnerabilidad y menor estabilidad para los trabajadores y trabajadoras.
Kicillof afirmó además que el proyecto retoma postulados históricos de flexibilización que ya fueron intentados en otras etapas del país, con resultados negativos en términos de empleo y distribución del ingreso. Señaló que la premisa oficial —según la cual no se contrata porque es “costoso despedir”— parte de un diagnóstico equivocado que responsabiliza a la legislación laboral en lugar de revisar el rumbo del programa económico.
El gobernador remarcó que, desde el inicio de la actual gestión nacional, se produjeron cientos de miles de despidos bajo el marco normativo vigente, lo que —según sostuvo— desmiente la idea de que las leyes laborales sean el principal obstáculo para la generación de empleo. En su análisis, facilitar y abaratar despidos no dinamiza el mercado laboral, sino que profundiza la incertidumbre y debilita el poder de negociación de los trabajadores.
También rechazó el argumento de la supuesta “industria del juicio”, al señalar que los niveles de litigiosidad deben analizarse en proporción al volumen de empleo y a la cantidad de cesantías, y no como un fenómeno aislado utilizado para justificar recortes de derechos.
No obstante, Kicillof reconoció la necesidad de actualizar el marco normativo para contemplar nuevas modalidades de trabajo, como las plataformas digitales, donde miles de personas desempeñan tareas sin cobertura adecuada, con extensas jornadas, ingresos inestables y ausencia de protección frente a accidentes. Para el gobernador, la modernización debería orientarse a incorporar derechos a quienes hoy no los tienen, y no a retirar garantías conquistadas.
Finalmente, recordó que durante la pandemia se aplicaron medidas de protección como la doble indemnización por despido sin causa, en un contexto en el que —según destacó— se registró una etapa de recuperación del empleo, lo que pone en cuestión la lógica de que la reducción de derechos sea condición necesaria para crear puestos de trabajo.
