La Unión Cívica Radical confirmó su respaldo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y, con esa decisión, quedó formalmente integrada al bloque político que busca avanzar con una transformación estructural del régimen laboral argentino en clave de flexibilización y reducción de derechos.
Lejos de ocupar un rol moderador o de contrapeso, el radicalismo optó por convertirse en garante parlamentario de una iniciativa que es fuertemente cuestionada por centrales sindicales, especialistas en derecho laboral y sectores políticos que advierten un retroceso histórico. El argumento de la “modernización” funciona, en este marco, como una etiqueta que intenta suavizar un proyecto cuyo eje central es abaratar despidos, redefinir indemnizaciones y debilitar la capacidad de defensa colectiva de los trabajadores.
Bajo la consigna de “cuidar a las pymes”, la UCR adopta el mismo diagnóstico que el oficialismo: que el problema del empleo radica en la legislación laboral y no en el rumbo económico. Sin embargo, el partido evita señalar que la recesión, la caída del consumo y el deterioro del mercado interno son factores determinantes en la destrucción de puestos de trabajo. En lugar de cuestionar ese modelo, el radicalismo elige acompañarlo.
La apelación a la “industria del juicio” refuerza una narrativa que coloca en el banquillo a los trabajadores que reclaman ante incumplimientos patronales. Presentar la litigiosidad como un exceso y no como una consecuencia de despidos y precarización implica desplazar la responsabilidad hacia quienes buscan reparación judicial, consolidando una visión que prioriza la reducción de costos empresariales por sobre la protección del empleo.
Especialmente significativo es el impulso a la voluntariedad de la cuota sindical y a las restricciones sobre la conducción gremial. En un contexto de debilitamiento del poder adquisitivo y pérdida de puestos de trabajo, promover medidas que erosionan la financiación y la estructura de las organizaciones sindicales no aparece como una reforma neutral, sino como parte de una estrategia de disciplinamiento laboral.
Si bien la UCR intenta marcar matices —como el rechazo a la derogación del Estatuto del Periodista o al desfinanciamiento del cine— esas diferencias resultan marginales frente al respaldo al núcleo duro del proyecto. La modernización que enarbola el radicalismo no se traduce en ampliación de derechos para trabajadores de plataformas o en la formalización masiva del empleo informal, sino en un rediseño del sistema en favor de la flexibilización.
La decisión expone una transformación política profunda. Un partido que históricamente reivindicó banderas sociales y una tradición reformista hoy se posiciona como sostén clave de una reforma que sus críticos comparan con las experiencias más regresivas en materia laboral. Para amplios sectores del mundo del trabajo, la UCR no solo acompaña una agenda de ajuste, sino que contribuye activamente a legitimar un cambio estructural que altera el equilibrio entre capital y trabajo en detrimento de este último.
En un escenario de despidos, caída salarial y creciente precarización, el respaldo radical no es un gesto técnico ni aislado: es una definición política que fortalece al Gobierno en su intento de redefinir las reglas del mundo laboral argentino con menor protección y mayor asimetría.
