Carlos Tomada advirtió que la eventual aprobación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional marcaría “un día siniestro” en la historia institucional argentina, al considerar que el proyecto implica un grave retroceso en materia de derechos laborales conquistados durante décadas de lucha sindical y social.
El ex ministro de Trabajo sostuvo que el oficialismo no contaría con los votos necesarios sin la presión ejercida por algunos gobernadores sobre sus representantes en el Senado, lo que —según denunció— constituye una práctica preocupante desde el punto de vista institucional. En ese sentido, cuestionó que se condicione la voluntad legislativa para garantizar la aprobación de una norma que, a su entender, debilita la protección del empleo y favorece a los sectores empresarios.
Tomada alertó además que la reforma vulnera principios constitucionales, convenios de la Organización Internacional del Trabajo y tratados internacionales suscriptos por la Argentina. Desde su perspectiva, el proyecto no contiene disposiciones que amplíen derechos ni mejoren las condiciones laborales, sino que apunta a flexibilizar relaciones de trabajo, reducir responsabilidades patronales y limitar herramientas de defensa para los trabajadores y trabajadoras.
En relación con el argumento oficial sobre la supuesta “industria del juicio”, el ex funcionario lo calificó como una construcción política destinada a deslegitimar reclamos laborales. Sostuvo que los conflictos judiciales no responden a un abuso sistemático, sino a incumplimientos concretos, y advirtió que una ley con posibles vicios de inconstitucionalidad podría, paradójicamente, multiplicar la litigiosidad.
Finalmente, cuestionó el posicionamiento de sectores del justicialismo y otras fuerzas políticas que acompañan la iniciativa. Para Tomada, ese respaldo representa un giro que abandona la tradición de defensa del trabajo y termina alineando a dirigentes históricos con un programa que, en su opinión, consolida un modelo regresivo en materia social y laboral.
