En una sesión extensa y atravesada por fuertes cuestionamientos opositores, el Gobierno nacional logró aprobar en el Senado su proyecto de “modernización laboral” por 42 votos contra 30. La iniciativa, presentada por el oficialismo como una herramienta para “favorecer la creación de empleo”, avanzó pese a las denuncias de inconstitucionalidad y a las advertencias sobre un retroceso en derechos laborales históricos.
El proyecto ahora será girado a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley antes del 27 de febrero.
Una mayoría construida con apoyos provinciales
El oficialismo consiguió los 42 votos gracias al respaldo de La Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO y una serie de bloques provinciales alineados con sus respectivos gobernadores. La votación dejó en evidencia que, más allá de su discurso antisistema, el Gobierno depende de acuerdos políticos tradicionales para sostener su agenda en el Congreso.
El apoyo de legisladores vinculados a gobernadores como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Martín Llaryora (Córdoba) y Hugo Passalacqua (Misiones) resultó clave para la aprobación.
En contrapartida, los 30 votos en contra provinieron del interbloque peronista —integrado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero— junto a dos legisladores de Santa Cruz.
Cambios estructurales y límites a derechos laborales
El proyecto aprobado contempla una serie de modificaciones profundas en el régimen laboral argentino:
Reducción de impuestos para incentivar la contratación formal.
Topes a las indemnizaciones por despido.
Habilitación de convenios colectivos por empresa.
Creación del banco de horas.
Límites al derecho de huelga en servicios esenciales.
Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos, con aportes empresariales del 1% en grandes compañías y 2,5% en pymes.
Además, en una negociación de último momento, el oficialismo incorporó como anexo el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, una medida que no figuraba en el temario original de sesiones extraordinarias.
Durante la discusión en particular, el oficialismo rechazó las modificaciones impulsadas por el peronismo. En uno de los puntos más sensibles, se votó mantener el sistema de aportes sindicales obligatorios, aunque con topes del 2% para gremios y del 0,5% para cámaras empresariales.
También se resolvió sostener hasta 2028 el actual esquema de financiamiento del INCAA.
Críticas por “inconstitucionalidad” y retroceso social
Desde la oposición, el presidente del interbloque peronista, José Mayans, calificó el proyecto como “inconstitucional” y advirtió que vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica.
“Se tocan 41 leyes en una sola jornada. Esto no se puede tratar en un día”, cuestionó.
El senador Mariano Recalde sostuvo que la iniciativa “no está pensada para generar trabajo” y denunció que implica un retroceso en derechos conquistados hace décadas. “Esta ley vuelve a la redacción de 1929. ¡Qué moderno!”, ironizó.
Uno de los puntos más controvertidos fue el límite al derecho de huelga y la posibilidad de acuerdos individuales que, según la oposición, debilitan la posición del trabajador frente al empleador.
La defensa oficialista
La presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa al señalar que la legislación laboral vigente es “obsoleta” y mantiene al país “anclado en el pasado”. Según el oficialismo, la reforma reducirá la litigiosidad y eliminará el “miedo a contratar”.
En la misma línea, la senadora radical Carolina Losada aseguró que la norma generará “más inversión, más empresas y mejores jubilaciones” al ampliar el empleo formal.
Sin embargo, incluso dentro de los sectores que acompañaron en general, surgieron reparos sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral, al que algunos legisladores calificaron como un mecanismo controvertido.
Un nuevo capítulo del programa de ajuste
Tras la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley Bases en 2024, la reforma laboral se convierte en una de las piezas centrales del programa económico de Javier Milei. El Gobierno sostiene que se trata de una transformación estructural para dinamizar el sector privado. Sus detractores, en cambio, advierten que consolida un modelo de flexibilización que debilita la protección del empleo en un contexto de alta fragilidad social.
La discusión ahora se trasladará a Diputados, donde el oficialismo deberá volver a construir una mayoría para convertir en ley una de las reformas más controvertidas de su gestión.
