El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió la reforma laboral aprobada en el Senado al sostener que busca resolver el problema de la informalidad y la falta de creación de empleo formal. Sin embargo, detrás del argumento de la “modernización”, el proyecto implica una transformación profunda del sistema de protección laboral vigente desde hace décadas.
“Más de la mitad de los trabajadores son informales y hace una década que no se crean puestos formales”, afirmó el funcionario. Para el Gobierno, la respuesta a ese diagnóstico pasa por reducir costos empresariales, flexibilizar convenios colectivos y limitar la litigiosidad laboral.
Para sindicatos, especialistas en derecho del trabajo y sectores de la oposición, el camino elegido no ataca las causas estructurales de la informalidad —como la falta de inversión productiva o la precarización creciente— sino que debilita derechos consolidados.
Convenios fragmentados y debilitamiento sindical
Uno de los ejes centrales del proyecto es la modificación del sistema de negociación colectiva. El Gobierno impulsa que los convenios de menor alcance —por empresa— puedan prevalecer sobre los convenios de actividad.
En los hechos, esto rompe el principio de negociación colectiva por rama, que permitió equilibrar la relación entre trabajadores y empleadores en sectores completos de la economía. La posibilidad de crear sindicatos por empresa y fragmentar acuerdos debilita el poder de negociación colectivo y favorece relaciones laborales más desiguales.
El oficialismo lo presenta como el fin de un esquema “rígido”. Los críticos lo interpretan como una descentralización que deja al trabajador aislado frente al empleador.
Banco de horas: más disponibilidad, menos límites
El denominado “Banco de Horas” es otro de los puntos defendidos por Sturzenegger como una adaptación a “las nuevas modalidades laborales”. El sistema permite compensar horas trabajadas en distintos momentos, alterando la jornada tradicional.
Aunque se argumenta que ofrece flexibilidad, en la práctica puede diluir límites claros sobre la jornada laboral y dificultar el control efectivo de las horas extra. El riesgo señalado por especialistas es que la disponibilidad del trabajador se amplíe sin una compensación proporcional clara ni previsibilidad en la organización de su tiempo.
Litigiosidad y acceso a la Justicia
El ministro sostuvo que la reforma no modifica la indemnización por despido (un mes por año trabajado), sino que limita los montos derivados de intereses y honorarios judiciales. También se introduce la caducidad de instancia en seis meses para evitar que los juicios laborales “se estiren indefinidamente”.
Sin embargo, abogados laboralistas advierten que estas modificaciones restringen el acceso efectivo a la Justicia, acotan tiempos procesales en un sistema judicial ya sobrecargado y reducen el monto final que perciben trabajadores que muchas veces atraviesan situaciones de vulnerabilidad tras un despido.
La llamada “industria del juicio” —concepto reiterado por el oficialismo— es cuestionada por quienes sostienen que la mayoría de las demandas laborales surgen de incumplimientos empresariales y no de maniobras especulativas.
Costos laborales y modelo económico
Sturzenegger afirmó que la ley pone fin al “carancheo” del Estado sobre los nuevos empleos, en referencia a gravámenes asociados a la contratación formal. No obstante, la reducción de cargas no garantiza por sí sola la generación de puestos de trabajo en un contexto de caída del consumo y retracción económica.
El debate de fondo es si la creación de empleo depende principalmente de abaratar el despido y flexibilizar condiciones o de dinamizar la economía productiva.
¿Modernización o retroceso?
El Gobierno sostiene que las reformas permitirán “adecuar la oferta laboral al nuevo mundo del trabajo”. Para sus detractores, el proyecto consolida un cambio de paradigma: se desplaza el eje desde la protección del empleo hacia la reducción de costos empresariales.
La discusión no es meramente técnica. Se trata de redefinir el equilibrio entre capital y trabajo en un país con alta desigualdad y creciente precarización. Y, para amplios sectores sindicales y académicos, el proyecto aprobado en el Senado no corrige la informalidad: la institucionaliza en nuevas formas más flexibles y menos protegidas.
La batalla ahora se trasladará a Diputados, pero el conflicto ya excede el recinto y anticipa un escenario de judicialización y confrontación social.
