El Gobierno nacional se dispone a dar el primer paso formal hacia una reforma integral del sistema de relaciones laborales, cuando el Senado comience a debatir el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei. Se trata de una de las iniciativas más sensibles del paquete económico oficial y, a la vez, una de las que mayor resistencia genera en el movimiento sindical y en la oposición peronista.
Desde el oficialismo presentan la propuesta como una “modernización histórica” orientada a promover la formalización del empleo y reducir la litigiosidad. Sin embargo, sindicatos y especialistas en derecho laboral advierten que varios artículos implican un retroceso en garantías consolidadas durante décadas.
En ese contexto, la CGT lanzó un plan de lucha que incluye movilizaciones y anticipó que, si no logra frenar la sanción parlamentaria, buscará limitar su aplicación mediante la vía judicial. “La solución no es gremial, es política”, sostienen en la central obrera, aunque reconocen que el poder de presión sindical no atraviesa su momento más fuerte.
Con negociaciones abiertas hasta último momento y un clima de incertidumbre política, estos son los ocho puntos centrales del proyecto que concentran la polémica:
- Regreso de los tickets canasta
La iniciativa habilita nuevamente los vales alimentarios como beneficios no remunerativos, es decir, sin aportes previsionales ni incidencia en aguinaldo o indemnización.
El Gobierno afirma que el esquema puede reducir costos laborales e incentivar el consumo. Los gremios, en cambio, alertan sobre una posible “desalarización encubierta” que impactaría en jubilaciones futuras y en el cálculo de indemnizaciones.
- Límites a la actividad gremial
El texto establece que las asambleas sindicales deberán contar con autorización previa del empleador y no podrán afectar el funcionamiento de la empresa. Además, el trabajador no percibirá salario durante el tiempo que dure la asamblea.
Para las organizaciones sindicales, se trata de una restricción directa al derecho de organización y representación dentro del ámbito laboral.
- Restricciones a medidas de fuerza
El proyecto endurece sanciones frente a bloqueos o acciones que impidan el ingreso y egreso de personas o bienes. También prohíbe cualquier forma de intimidación hacia trabajadores que no adhieran a una huelga.
Si bien el oficialismo lo presenta como una garantía de “libertad de trabajo”, la oposición advierte que puede limitar de hecho el ejercicio efectivo del derecho a huelga.
- Fin de la ultraactividad de los convenios
Se elimina el principio de ultraactividad, que mantiene vigentes los Convenios Colectivos de Trabajo una vez vencidos.
De aprobarse, los gremios deberán renegociar los acuerdos antes de una fecha límite o quedarán bajo la normativa general, debilitando la posición sindical en contextos de negociación desigual.
- Vacaciones fragmentadas
Se habilita la posibilidad de dividir las vacaciones en períodos mínimos de una semana.
El Gobierno sostiene que aporta flexibilidad organizativa. Los críticos señalan que podría diluir el descanso continuo previsto originalmente como garantía de recuperación psicofísica del trabajador.
- Período de prueba extendido
El plazo se amplía de tres a seis meses para la mayoría de los trabajadores y a ocho meses en el sector agrario.
Durante ese lapso, el empleador podrá despedir sin indemnización ni necesidad de invocar causa, lo que, según especialistas, amplía la precariedad en la etapa inicial del vínculo laboral.
- Indemnizaciones en cuotas
Se autoriza el pago de indemnizaciones y condenas laborales en hasta 12 cuotas mensuales sin necesidad de acuerdo con el trabajador. Para micro y pequeñas empresas, el esquema podrá extenderse a 18 cuotas.
En un contexto inflacionario, sindicatos advierten que el diferimiento reduce el valor real del monto a percibir.
- Topes al cálculo indemnizatorio
El proyecto fija un límite de diez años de antigüedad para calcular la indemnización y reemplaza la “mejor remuneración” del último año por un salario promedio.
Para los gremios, este mecanismo implica una reducción sustancial en el monto final y modifica un criterio histórico de protección frente al despido arbitrario.
