Mientras el Senado debatía la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, las inmediaciones del Congreso se transformaron en escenario de una jornada de alta conflictividad social, con un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad y una respuesta represiva que dejó decenas de detenidos y varios heridos.
La movilización había sido convocada por organizaciones de izquierda en apoyo al reclamo de jubilados, que denuncian la pérdida de poder adquisitivo y el impacto del ajuste económico. En paralelo al debate legislativo, el Gobierno dispuso un amplio operativo con vallados y múltiples cordones de seguridad, integrados por Policía Federal y Policía de la Ciudad.
Avance sobre la protesta y escalada de violencia
Los incidentes comenzaron cuando manifestantes derribaron parte del vallado. La respuesta policial incluyó el uso de camiones hidrantes y balas de goma para dispersar la protesta.
Según el parte oficial, hubo 37 detenidos y 40 demorados, quienes quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia Este. La fiscal interviniente avaló las detenciones.
Si bien desde el Gobierno se remarcó la presencia de personas que arrojaron objetos y utilizaron artefactos incendiarios, organizaciones sociales denunciaron un accionar desproporcionado de las fuerzas de seguridad y cuestionaron la criminalización de la protesta.
Heridos y tensión creciente
Tres efectivos policiales resultaron heridos, uno de ellos con traumatismo de cráneo tras recibir el impacto de una maceta arrojada desde un edificio cercano. Fue trasladado al Hospital Italiano. Otros dos agentes sufrieron lesiones en miembros inferiores.
Del lado de los manifestantes no se difundió un parte oficial consolidado sobre heridos, aunque en redes sociales circularon imágenes de personas asistidas tras la represión.
Un patrón que se repite
La represión se produce en un contexto en el que el Gobierno ha endurecido su política de seguridad en manifestaciones públicas, con protocolos que priorizan el despeje inmediato de cortes y concentraciones.
Para sectores opositores y organismos de derechos humanos, el esquema implementado privilegia la lógica punitiva por sobre la gestión política del conflicto social. Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que se trata de garantizar el orden público y evitar hechos de violencia.
La combinación de ajuste económico, reforma laboral y reclamos de sectores vulnerables parece estar configurando un escenario de creciente tensión en las calles, que podría profundizarse a medida que avance el tratamiento del proyecto en Diputados.
