El Gobierno resolvió extender las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero e incorporar el envío de una nueva Ley de Financiamiento Universitario, en un intento por descomprimir el creciente conflicto con las universidades públicas.
El decreto que oficializará la medida será firmado en las próximas horas y publicado en el Boletín Oficial el lunes. En el oficialismo aseguran que la intención es que la norma sea “implementable”, en referencia a las dificultades que, según plantean, presentó la ley sancionada en 2024. Sin embargo, la decisión llega después de meses de tensión con el sistema universitario, que reclama una actualización presupuestaria para garantizar su funcionamiento básico.
El trasfondo político es evidente. Tras la aprobación en ambas cámaras de la Ley de Financiamiento Universitario el año pasado, el presidente Javier Milei la vetó. El Congreso insistió con la norma, pero el Ejecutivo avanzó con una estrategia judicial para frenar su aplicación mediante un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Ahora, frente a la presión institucional y social, el Gobierno opta por enviar un nuevo proyecto propio, lo que reabre la discusión desde cero.
En la Casa Rosada sostienen que existen antecedentes para ampliar el temario de extraordinarias por decreto, aun cuando el reglamento de la Cámara de Diputados establece que esa ampliación debe ser votada en el recinto. La decisión vuelve a poner en debate el uso de herramientas administrativas para sortear procedimientos parlamentarios tradicionales.
La prórroga de las extraordinarias busca acelerar el tratamiento antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias del 1° de marzo. Además, el decreto deberá respetar el plazo reglamentario que exige al menos diez días para la emisión de dictamen.
Más allá del calendario legislativo, el movimiento del Ejecutivo se interpreta como un intento de recomponer el vínculo con el sector universitario luego del desgaste generado por el veto y la judicialización. El interrogante ahora es si el nuevo proyecto implicará una verdadera actualización presupuestaria acorde a la inflación acumulada o si se tratará de una propuesta con límites fiscales estrictos, en línea con la política de ajuste que viene aplicando el Gobierno.
