Una nueva contratación del Estado vuelve a poner bajo la lupa al Gobierno nacional y a exponer un posible conflicto de intereses en la cúpula del poder. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 (cerca de USD 78.000 al tipo de cambio actual) a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para capacitar en inglés a su personal.
La entidad adjudicataria está dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El vínculo fue reconocido oficialmente en el expediente administrativo como “familiar (matrimonio)”, lo que obligó a activar el procedimiento previsto en el Decreto 202/2017 con intervención de la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación.
El dato político resulta explosivo: mientras el Gobierno construye su discurso sobre la “casta” y la transparencia, una de sus figuras clave aparece vinculada —a través de su esposa— con una contratación millonaria del propio Estado. Y no se trata de una licitación abierta con múltiples competidores: el proceso fue encuadrado como “Adjudicación Simple por Especialidad” y registró una única oferta, la de la AACI.
El expediente señala que la propuesta fue elaborada por la propia Rouillet, en su carácter de directora ejecutiva. La Cancillería argumentó que la AACI era el “único prestador” capaz de garantizar continuidad y calidad en el programa. Sin embargo, el hecho de que solo se haya presentado un oferente y que exista un vínculo directo con un ministro nacional profundiza las sospechas sobre la transparencia real del procedimiento.
Como “mecanismo adicional de transparencia”, se firmó un Pacto de Integridad entre el Estado y la entidad contratada, una herramienta diseñada para prevenir sobornos, beneficios indebidos y conflictos de interés. Pero el punto central no desaparece: el Estado terminó contratando por más de $114 millones a una organización conducida por la esposa de un ministro en funciones.
El contrato tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por igual período, y contempla incluso un adelanto financiero de hasta el 40% del monto total. El servicio incluye capacitación para 132 agentes, cursos presenciales en la sede de la AACI en Retiro, bibliografía internacional y evaluaciones certificadas.
Además, existe un antecedente inmediato: en 2024 la Cancillería ya había contratado a la misma entidad por $55.388.180 para un curso de capacitación. En esa oportunidad no figura publicado un Pacto de Integridad en la documentación disponible en el sistema oficial, lo que agrega interrogantes sobre la reiteración del vínculo contractual.
La contratación quedó formalizada y habilitada para su ejecución, luego de que el ministerio considerara cumplidos los pasos administrativos y las intervenciones de los organismos de control. No obstante, el caso instala una pregunta incómoda para la administración de Javier Milei: ¿puede hablarse de lucha contra los privilegios cuando el Estado adjudica contratos millonarios a entidades dirigidas por familiares directos de sus ministros?
En un contexto de ajuste, recorte presupuestario y revisión de programas públicos bajo el argumento de eficiencia y transparencia, el episodio golpea el corazón del relato oficial. La legalidad formal del procedimiento no despeja las dudas éticas ni políticas sobre la concentración de decisiones y la cercanía entre poder y contratistas.
Al cierre de esta nota no hubo respuesta oficial del ministro Sturzenegger ni de la Cancillería frente a las consultas sobre el vínculo declarado y el proceso de adjudicación.
