En una carrera contrarreloj para evitar un traspié político, el oficialismo intenta blindar la reforma laboral antes del cierre de las sesiones extraordinarias. La Libertad Avanza negocia a contrarreloj con bloques aliados para destrabar el artículo más polémico del proyecto: la reducción de las licencias por enfermedad o accidentes no laborales al 50% del salario.
El objetivo es claro: garantizar que el presidente Javier Milei llegue al 1° de marzo, cuando inaugure el período ordinario en el Congreso, con la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil ya convertidos en ley. Para eso, el oficialismo busca evitar a toda costa que el texto vuelva al Senado y demore el cronograma político de la Casa Rosada.
La estrategia consiste en convencer a los bloques de la Unión Cívica Radical, el Propuesta Republicana y el espacio Unidos de aprobar una ley complementaria que garantice el pago del 100% del salario en casos de enfermedades graves, tal como rige actualmente. De ese modo, el oficialismo evitaría modificar el texto principal aprobado por el Senado.
Sin embargo, el núcleo del conflicto radica en que la reforma cambia el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que, luego de tres meses de licencia por enfermedad o accidente no vinculado al trabajo, el empleado cobrará solo el 50% del salario (75% si tiene personas a cargo), sin precisar con claridad qué ocurre ante patologías graves. La redacción encendió alarmas incluso entre aliados legislativos que apoyan en general la reforma.
En caso de no lograr un acuerdo político, el oficialismo tendría que introducir cambios en el texto que vote Diputados y reenviarlo de inmediato al Senado para su ratificación, en una sesión que debería realizarse antes de fin de mes. Ese escenario es el que el Gobierno intenta evitar porque pondría en riesgo el relato de eficacia legislativa que pretende exhibir.
Durante el fin de semana, la ministra Patricia Bullrich mantuvo conversaciones con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Martín Menem, y con la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, para encontrar una salida que permita introducir garantías sin reabrir el trámite parlamentario completo.
Bullrich sostuvo públicamente que trabajan para sostener el 100% del salario en enfermedades graves, aunque adelantó que se exigirán certificados “fehacientes” o la intervención de una junta médica. Para sectores sindicales y de la oposición, ese requisito podría convertirse en una nueva barrera burocrática para trabajadores en situaciones de vulnerabilidad.
El plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto se reunirá este miércoles por la tarde para emitir dictamen y dejar el proyecto listo para el debate del jueves. La discusión no solo pondrá a prueba la cohesión del oficialismo con sus aliados, sino también el alcance real de una reforma que, bajo el argumento de modernización, abre un frente sensible sobre derechos laborales básicos.
