La Argentina volvió a retroceder en los indicadores internacionales de transparencia y corrupción, en un contexto político marcado por el segundo año de gestión del presidente Javier Milei. Según el último informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por Transparency International, el país cayó del puesto 99 en 2024 al 104 en 2025, sobre un total de 182 naciones evaluadas.
Con una puntuación de 36 sobre 100 —un punto menos que el año anterior— Argentina no solo descendió en el ranking, sino que consolida una tendencia negativa que se arrastra desde 2019. El IPC, considerado el principal indicador global en la materia, mide el nivel de “corrupción percibida” en el sector público a partir de encuestas a expertos y empresarios.
En la actual edición, Argentina comparte el puesto 104 con Belice y Ucrania, y queda por debajo de países como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana. La comparación regional y global deja al país en una posición incómoda y alimenta cuestionamientos sobre la efectividad de las políticas oficiales en materia de transparencia y control del gasto público.
El índice se construye a partir de al menos tres fuentes de datos tomadas de 13 encuestas y evaluaciones diferentes realizadas por instituciones internacionales de prestigio, entre ellas el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. La metodología apunta a captar la percepción sobre prácticas como sobornos, malversación de fondos, nepotismo y clientelismo en el ámbito estatal.
A nivel global, el promedio cayó a 42 puntos, el valor más bajo registrado hasta el momento, y más de dos tercios de los países obtuvieron menos de 50 puntos. El informe advierte que la corrupción impacta directamente en la calidad de vida de la población, debilitando servicios esenciales como la salud, la infraestructura y las políticas sociales.
El retroceso argentino se produce en un escenario de fuerte ajuste fiscal y reformas estructurales impulsadas por el Gobierno nacional, que había prometido mayor transparencia y una “motosierra” contra los privilegios de la política. Sin embargo, los datos del IPC muestran que la percepción internacional no acompaña ese discurso y que, al menos por ahora, la confianza en la integridad del sector público no mejora.
