Con la media sanción de Diputados se aprobó el llamado “Nuevo Régimen Penal Juvenil”. Las críticas provienen principalmente de organismos internacionales, expertos en niñez y sectores de la oposición.
Por Rubén Magliotti
Cuando la Cámara de Diputados trató el Régimen Penal Juvenil que propone reducir de 16 a 14 años la edad mínima de punibilidad, el Senado aprobó una reforma laboral que sólo busca reducir el costo laboral.
Así mientras la opinión pública se divide a favor o en contra de endurecer las penas a los menores que entran en litigio con la Ley, se trata una reforma laboral, que borra de un plumazo los derechos de los trabajadores acumulados durante más de 100 años.
A la reforma ya la analizamos en una entrega anterior, pero le agregamos una actualización por el tratamiento en el Senado. Click aquí
Los puntos mas relevantes de la Reforma. Preparen, Apunten….
UNICEF Argentina y diversos especialistas sostienen que la participación de menores de 16 años en delitos graves es estadísticamente ínfima (menos del 1% o 2% según la fuente), por lo que la medida no tendría un impacto real en la seguridad pública.
Regresividad en Derechos Humanos.
Bajar la edad de punibilidad contradice el principio de no regresividad. Organismos como el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) advierten que esto vulnera estándares internacionales y tratados con jerarquía constitucional.
Aumento de la reincidencia
Críticos señalan que el contacto temprano con el sistema carcelario suele ser una “escuela del delito”. UNICEF cita estudios que demuestran que el encarcelamiento juvenil tiende a aumentar la reincidencia en lugar de favorecer la resocialización.
Falta de enfoque integral
Sectores de la oposición, como la diputada Natalia Zaracho, critican que se discuta lo penal sin abordar el contexto de pobreza y exclusión. Sostienen que la solución debería ser una política de prevención y protección integral de las infancias antes que el castigo.
Mirando la experiencia de países cercanos, este tipo de reformas penales no ha tendido a reducir la tasa del delito, sino, por el contrario, lo ha agravado. Así, en Chile, la reforma de 2007, con baja a 14 años, no produjo una baja de la tasa del delito juvenil, sino un aumento en el tiempo de la judicialización adolescente y, por lo tanto, mayores indicadores de prisionalización
Déficit estructural del sistema
Se cuestiona la capacidad del Estado para garantizar lugares de detención adecuados. Expertos como Marisa Graham (Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes) califican la ley como un “placebo” que amplía un sistema que ya presenta graves fallas estructurales.
Los datos que desmienten el relato oficial
La Defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes realizó en el 2023 un Monitoreo de los Adolescentes y el régimen penal juvenil en Argentina, en su presentación se destaca que:
“La población penal juvenil en Argentina es una cantidad muy pequeña tanto respecto a su grupo etario de referencia (adolescente-juvenil), como en relación a la población adulta con causa penal. Sin embargo, su incidencia suele ser sobredimensionada en la difusión mediática de hechos delictivos a cargo de menores edad. A la par de este fenómeno comunicacional, también es frecuente la simplificación de su tratamiento, muchas veces propuesto exclusivamente desde pretendidas soluciones punitivistas para situaciones sociales complejas.”
En la mayoría de las jurisdicciones la cantidad de adolescentes cumpliendo medidas penales refiere a un número muy acotado que no resulta relevante para inferir una (pretendida) incidencia con respecto a la seguridad ciudadana, así lo demuestran los datos registrados en todo el país que pueden observarse en la siguiente tabla.
La población carcelaria en la Argentina para el año 2024 fue de un poco mas de 120 mil personas, sólo 4.000 menores están en conflicto con la Ley y de ellos unos 136, según datos de la CSJN están privados de su libertad.
Sin embargo, la verdadera emergencia carcelaria está en la sobrepoblación estructural que es, según datos oficiales, del 130%, supera un tercio de las plazas disponibles para la detención.
Evolución de las medidas penales
La cantidad de adolescentes cumpliendo medidas por delitos contra la propiedad representan el 98% de las trasgresiones, e inclusohan ido disminuido de 3.296 en 2019 a 2.299 en 2023.
Los delitos contra las personas también han mostrado una disminución, de 913 en 2015 a 590 en 2023.
Sin embargo, los delitos contra la integridad sexual han aumentado, pasando de 218 en 2019 a 268 en 2023.
La proporción de adolescentes cumpliendo medidas por homicidio ha oscilado entre el 6,8% y el 8,4% del total en los últimos cinco años.
La frutilla del postre o el descaro de la propuesta oficial
Durante el debate en diputados el cordobés de Provincias Unidas Juan Fernando Brügge contó que el presupuesto nacional asigna 23.700 millones de pesos para la puesta en marcha del nuevo régimen penal.
Es decir, todo el presupuesto que se afecta a la construcción de ámbitos adecuados para la detención de los menores que serán susceptibles de ser encerrados, mas la contratación del personal de seguridad, más los profesionales que deberán actuar, mas el personal administrativo, la compra de los bienes e insumos para dichos lugares y el pago de los servicios para su funcionamiento suman esos 23.700 millones, para todo el país.
Pero Brügge agrega “En Córdoba, el gobierno provincial licitó la construcción del complejo penitenciario Papa Francisco por una cifra cercana a los 18.000 millones de pesos.
Entonces, sin presupuesto, todas las supuestas buenas intenciones de la reforma engrosarán el catálogo de la charlatanería oficial, que sólo busca distraer a los trabajadores que con la Ley de Reforma Laboral perderán derechos adquiridos y plasmados en nuestra legislación en más de 100 años.
Click aquí para el Informe Completo de la Defensoría
