Un jubilado de 75 años quedó bajo la lupa en la causa conocida como “Criptogate $LIBRA”, tras detectarse que pocos días antes del lanzamiento de la criptomoneda recibió un millón de dólares digitales desde una cuenta vinculada a Hayden Davis, el empresario texano señalado como impulsor de la operatoria.
Según surge del expediente que instruye el fiscal Eduardo Taiano, el dinero fue transferido el 30 de enero de 2025 en USDT —una criptomoneda atada al valor del dólar— a una cuenta radicada en la plataforma Bitget. La fecha no es un dato menor: ese mismo día, Davis se reunió con el presidente Javier Milei y difundió en redes sociales una fotografía junto al mandatario.
El destinatario de los fondos fue identificado como Orlando Rodolfo Mellino, oriundo de Tigre. La información fue aportada desde el exterior por la propia plataforma, que confirmó la titularidad de una de las direcciones investigadas por la Justicia.
La ruta del dinero
La maniobra salió a la luz cuando los investigadores reconstruyeron pagos posteriores realizados por Davis, entre ellos el resarcimiento abonado al empresario estadounidense Dave Portnoy, quien había invertido cinco millones de dólares en el proyecto y denunció pérdidas tras el derrumbe de $LIBRA.
Dado que Portnoy mantiene públicas sus billeteras digitales, los peritos pudieron rastrear la dirección desde la cual se efectuó el reembolso. A partir de esa pista, detectaron que “minutos antes” de que Davis publicara la foto con Milei en la red social X, dos direcciones vinculadas al empresario enviaron USDC 507.500 cada una a una cuenta identificada como CPS9, alojada en Bitget.
Según uno de los dictámenes incorporados a la causa, esa cuenta pertenece a Mellino. Pocas horas después, el millón de dólares digitales fue transferido a otra billetera cuyo titular aún no fue determinado. Las operaciones se realizaron en cuatro movimientos ejecutados en apenas 13 minutos.
Para los investigadores, la secuencia temporal y la velocidad de las transferencias refuerzan la hipótesis de que estas cuentas podrían haber funcionado como plataformas intermedias para dispersar fondos y eventualmente convertirlos en dinero en efectivo, en el marco de una operatoria que dejó damnificados en distintos países tras el desplome del token.
Un caso con impacto político
Más allá de la responsabilidad individual que deberá determinar la Justicia, la cercanía temporal entre los movimientos financieros y la reunión del empresario con el Presidente añade un componente político inevitable al expediente. El caso no solo expone una presunta maniobra de circulación acelerada de criptoactivos, sino que también proyecta interrogantes sobre los vínculos y filtros institucionales en torno a quienes orbitan el poder.
Mientras la investigación avanza, el foco ya no está únicamente en la caída de una criptomoneda, sino en la red de transferencias que precedió y siguió a su lanzamiento, y en el eventual uso de intermediarios para canalizar fondos en un esquema que aún busca reconstruirse pieza por pieza.
