Con un cronograma vertiginoso y negociaciones contrarreloj, el Gobierno de Javier Milei busca aprobar esta semana la reforma laboral aun cuando uno de sus artículos más sensibles quedó expuesto por su impacto directo sobre trabajadores enfermos. La prioridad oficial no parece ser despejar dudas de fondo, sino garantizar la sanción definitiva antes de que el costo político escale.
La estrategia sería aceptar las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados para destrabar el trámite este jueves 19, girar el texto al Senado al día siguiente y convertirlo en ley el viernes 27. Desde el oficialismo apuestan a que la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, consiga dictamen exprés en comisión. El mensaje es claro: cerrar el debate lo antes posible.
El artículo que incomoda
En el centro de la controversia está la modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado al trabajo, luego de tres meses el trabajador cobrará apenas el 50% de su salario —o el 75% si tiene personas a cargo—, sin precisar qué sucede en casos de enfermedades graves.
La redacción pasó casi inadvertida en el Senado, pero quedó bajo fuerte cuestionamiento tras declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que pusieron en evidencia el alcance real del recorte.
El oficialismo sostiene ahora que intentará preservar el 100% del salario en casos de enfermedades graves, aunque condicionado a certificados “fehacientes” o a la intervención de una junta médica. Es decir, el derecho no quedaría garantizado en la ley sino sujeto a reglamentaciones posteriores y criterios administrativos. La marcha atrás parcial no elimina la incertidumbre: la protección plena dependería de cómo el propio Ejecutivo decida aplicarla.
Premura y contradicciones
Hasta hace pocos días, el Gobierno analizaba corregir el punto más polémico vía reglamentación o mediante una ley complementaria, alternativa que generó resistencia incluso entre sectores dialoguistas. La sucesión de cambios revela improvisación y evidencia que el artículo no fue dimensionado políticamente hasta que la controversia se volvió pública.
El apuro por sancionar la reforma, aun con artículos sensibles en discusión, expone una lógica donde la velocidad legislativa parece imponerse sobre la deliberación profunda. En lugar de revisar integralmente el esquema de licencias, el oficialismo opta por ajustes parciales que buscan desactivar la crítica sin alterar el espíritu del recorte.
La reforma laboral avanza así entre correcciones sobre la marcha y garantías atadas a futuras reglamentaciones. Mientras tanto, el núcleo del debate permanece intacto: si el nuevo marco normativo moderniza el sistema o si, bajo el argumento de la competitividad, consolida un esquema que reduce derechos en momentos de mayor vulnerabilidad.
