El bolsillo de propietarios e inquilinos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un escenario de creciente fragilidad financiera. De acuerdo con reportes de cámaras de administradores, la morosidad en el pago de expensas mantiene una tendencia alcista y alcanza un promedio general del 20%, con picos de hasta 31% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Aunque el ritmo de aumentos en 2025 mostró una desaceleración respecto de 2024, la capacidad de pago de los hogares parece haber llegado a un límite. En CABA, la expensa promedio ya se ubica en $316.390, lo que obliga a muchos copropietarios a reorganizar sus prioridades mensuales y, en algunos casos, postergar el pago al consorcio.
El “efecto enero” y la presión de los servicios
El inicio de 2026 dejó en evidencia un deterioro mayor. Administradores de consorcios advirtieron que los niveles de deuda se incrementaron tras las fiestas, con situaciones especialmente críticas en la Costa Atlántica, donde la morosidad llegó a tocar el 42% durante la temporada.
La problemática no es solo financiera sino también social: aumentan los conflictos de convivencia y los procesos judiciales por falta de pago. Si bien la inflación acumulada del año (31,5%) fue levemente inferior al incremento de las expensas (34,7%), ese desfasaje —sumado a deudas previas— profundizó la presión sobre sectores de la clase media.
Servicios, salarios y mantenimiento
La estructura de costos de los edificios enfrenta tres factores que los administradores consideran “inflexibles”:
Servicios públicos: Las facturas de agua y gas impactan con fuerza, especialmente en edificios con calefacción y agua caliente central.
Paritarias: Los salarios de encargados representan el componente más significativo en la liquidación mensual.
Mantenimiento: Los contratos de ascensores, bombas y otros servicios técnicos se ajustan al ritmo de la inflación sectorial.
Consorcios en modo supervivencia
La falta de liquidez llevó a muchos consejos de propietarios a postergar pagos no urgentes y financiar su funcionamiento mediante deudas con proveedores, priorizando sueldos y servicios esenciales.
Como consecuencia, se frenaron casi por completo las obras de mejora. Pintura, impermeabilización y trabajos estéticos quedaron en pausa, mientras los edificios se limitan a atender urgencias estructurales. En la Costa Atlántica, el panorama es aún más delicado, con niveles de incumplimiento que alcanzaron el 42% en plena temporada.
