La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei profundizó la confrontación con la Confederación General del Trabajo (CGT) y abrió un nuevo foco de tensión con gobernadores peronistas, a quienes el dirigente sindical Octavio Argüello responsabilizó por haber facilitado su aprobación en el Congreso.
“No se puede vender la dignidad del pueblo por una zanjacuneta y dos metros de asfalto”, afirmó Argüello, y calificó la iniciativa como “una ley totalmente regresiva” que deja a los trabajadores “en una situación de indefensión”.
En diálogo con Radio Splendid AM 990, el sindicalista rechazó que el cuarto paro general haya sido tardío. “Hicimos cuatro paros generales en dos años y 13 marchas. No es que no hemos hecho nada”, sostuvo. Según explicó, la central actuó en tres planos: el legislativo, el judicial y la movilización callejera. “Fuimos, hablamos con gobernadores, senadores y diputados. Ellos tomaron la decisión de acompañar”, señaló.
Argüello apuntó especialmente contra mandatarios provinciales y legisladores que, según indicó, llegaron al Congreso con respaldo peronista y votaron la norma. “Eso es lo que más duele”, expresó. Si bien evitó denunciar acuerdos irregulares, deslizó que cada dirigente deberá explicar su postura.
Sobre la medida de fuerza, afirmó que fue “contundente” y defendió la decisión de no movilizar masivamente. “Queríamos que se vea que el paro era realmente efectivo cuando no hay movimiento en la calle”, explicó. A su entender, el debate en torno al artículo 44 —relacionado con licencias por enfermedad— marcó un punto de inflexión en la opinión pública. “La gente empezó a leer la reforma y se dio cuenta de que le están quitando derechos”, sostuvo.
En paralelo, el economista Carlos Melconian consideró que la reforma constituye “un paso adelante”, aunque advirtió que no alcanza para revertir el cuadro de estanflación.
Argüello también cuestionó la debilidad política de la oposición. “El problema no es gremial, es político. Nos falta la fuerza política”, afirmó, y describió al peronismo como “en crisis y desordenado”. En ese sentido, reconoció el impacto del gobierno de Alberto Fernández en la pérdida de respaldo social. “Fue un fracaso político muy profundo”, admitió.
Respecto del contenido de la reforma, el dirigente aseguró que “no tiene ningún artículo favorable” y rechazó que fomente el empleo. Cuestionó la implementación del banco de horas y advirtió sobre un “desequilibrio de fuerzas” entre empleadores y trabajadores.
Finalmente, sostuvo que el debate trasciende el plano estrictamente laboral y forma parte de una disputa cultural más amplia. “Lograron que el trabajador informal vea al formal como un privilegiado”, afirmó, y llamó a reconstruir un espacio político más amplio que recupere la confianza ciudadana. “No alcanza con volver a ser lo que éramos. Tenemos que ser mejores”, concluyó.
