El Senado de la Nación convirtió en ley la reforma del Régimen Penal Juvenil, con la cual la edad de imputabilidad penal bajará de 16 a 14 años. La iniciativa fue aprobada este viernes en una sesión extraordinaria con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, logrando así sanción definitiva tras haber recibido media sanción en la Cámara de Diputados.
La normativa modifica el régimen vigente desde 1980 e introduce un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años, estableciendo procedimientos diferenciales según la gravedad del hecho, con el objetivo declarado de adaptarse al contexto actual de delitos cometidos por menores.
Durante el debate en la Cámara alta, la jefa del bloque oficialista pidió un minuto de silencio por las víctimas de hechos de inseguridad y defendió la reforma como una herramienta para enfrentar lo que consideró una creciente participación de menores en delitos graves.
Principales características de la nueva ley
Edad de imputabilidad: la responsabilidad penal comenzará a los 14 años, en lugar de los 16 que establecía la normativa anterior.
Sistema penal juvenil: incorpora principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, priorizando alternativas a la detención para infracciones menos graves.
Penas privativas de libertad: solo se prevé su aplicación en delitos graves (como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros).
Condena máxima: la pena de prisión para menores imputables será de hasta 15 años, incluso si el Código Penal aplicable previera una mayor.
Garantías legales: el régimen asegura asistencia legal desde el inicio del proceso y especifica que los adolescentes no deben ser alojados junto con adultos.
El proyecto ajustó su propuesta original —que planteaba imputabilidad desde los 13 años— a 14 años para lograr consenso político entre los bloques y los aliados legislativos, un punto que fue clave para consolidar los votos necesarios.
Ahora la ley espera su publicación en el Boletín Oficial y la correspondiente reglamentación por parte del Poder Ejecutivo para comenzar a regir formalmente.
