El gobierno de Javier Milei promulgó este lunes la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil mediante el Decreto 138/2026, una reforma que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y crea un nuevo esquema de sanciones para adolescentes que cometan delitos.
La norma había sido aprobada por el Congreso a fines de febrero con 44 votos afirmativos y 27 negativos en el Senado, tras un proceso de negociación parlamentaria que permitió al oficialismo reunir apoyos de bloques aliados.
El nuevo régimen establece que adolescentes de entre 14 y 18 años podrán ser juzgados penalmente, con penas que pueden incluir privación de la libertad de hasta 15 años en institutos especializados, además de medidas alternativas como advertencias, tareas comunitarias o restricciones de acercamiento a las víctimas.
Un debate que excede lo penal
La reforma fue presentada por el Gobierno como una respuesta a la preocupación social por la inseguridad y bajo la lógica de endurecer las respuestas del Estado frente al delito juvenil. Sin embargo, especialistas, organismos de derechos humanos y sectores académicos advierten que el debate no puede reducirse únicamente a la dimensión punitiva.
Diversas voces críticas señalan que la baja de la edad de imputabilidad corre el riesgo de criminalizar a sectores vulnerables de la juventud, sin abordar las causas estructurales que atraviesan muchos de esos conflictos: pobreza, exclusión educativa, consumo problemático, falta de oportunidades laborales y ausencia de políticas públicas sostenidas para adolescentes.
Organismos internacionales también han advertido que la prisión temprana no es una estrategia eficaz para reducir el delito juvenil y que las políticas de prevención basadas en educación, salud, deporte y acompañamiento social suelen tener mejores resultados en términos de reinserción y reducción de la reincidencia.
Juventudes entre la estigmatización y la falta de políticas
Desde una mirada centrada en los derechos de las juventudes, el riesgo del nuevo régimen es que el Estado refuerce una narrativa que asocia juventud con peligrosidad, en lugar de pensar a los jóvenes como sujetos de derechos que requieren políticas integrales.
Las estadísticas judiciales muestran que la mayoría de los delitos cometidos por adolescentes están vinculados a robos o delitos contra la propiedad y no a hechos violentos graves.
Por eso, distintos especialistas sostienen que el debate debería incluir también inversión en políticas de inclusión, educación, salud mental, cultura y deporte, así como programas de acompañamiento para jóvenes en contextos de vulnerabilidad.
Seguridad y prevención: el desafío pendiente
La discusión sobre el régimen penal juvenil vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: qué tipo de política pública necesita la Argentina para abordar la violencia y la conflictividad social que involucra a adolescentes.
Para muchos analistas, la respuesta no puede limitarse al endurecimiento de las penas. Sin un enfoque integral que combine prevención, inclusión social y acompañamiento institucional, advierten, el riesgo es que el sistema penal termine funcionando como la única respuesta estatal frente a problemas que en realidad son sociales, educativos y económicos.
En ese escenario, el debate sobre la nueva ley no solo interpela al sistema judicial, sino también a la capacidad del Estado para construir políticas públicas que pongan a las juventudes en el centro y no en el banquillo de los acusados.
