La causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos elementos luego de la declaración de un testigo de identidad reservada, cuyo testimonio resultó clave para que la Justicia avance con procesamientos y profundice la investigación sobre una posible red de fraude y lavado de dinero.
El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de 19 personas, entre ellas el exdirector del organismo Diego Spagnuolo y el lobista Miguel Calvete. La investigación está impulsada por el fiscal Franco Picardi.
Según fuentes judiciales, el testimonio aportó nuevas pistas sobre operaciones financieras sospechosas y el rol de empresas proveedoras, especialmente ortopedias que habrían participado en el circuito de contratación de insumos para el organismo.
Sospechas de sobornos y retornos
La Justicia investiga si Calvete actuaba como intermediario entre las empresas y la agencia estatal, facilitando el cobro de pagos a cambio de presuntos retornos.
Escuchas telefónicas incorporadas al expediente indicarían que el lobista garantizaba el flujo de pagos del organismo a determinadas compañías a cambio de beneficios económicos, lo que podría configurar un esquema de corrupción dentro de la estructura estatal.
Investigación por lavado de dinero
En paralelo, el expediente avanza sobre una posible maniobra de lavado de activos, con la participación del Ministerio Público Fiscal de la Nación y la PROCELAC.
Entre las líneas investigativas también aparece la empresa Droguería Suizo Argentina y la familia Kovalivker. Aunque aún no fueron procesados, los investigadores analizan comunicaciones y movimientos financieros vinculados al caso.
La investigación enfrenta además obstáculos técnicos, como dispositivos telefónicos sin contenido y equipos bloqueados que aún no pudieron ser peritados por especialistas.
Audios, internas políticas y nuevas líneas de investigación
La causa también incluye un audio atribuido a Pablo Atchabahian en el que se menciona a un supuesto intermediario identificado como “Helvético”, al que el juez vinculó con Sebastián Nuner Uner.
En ese mensaje también aparece mencionado el apodo “Rioja”, que los investigadores relacionan con Eduardo Menem, en medio de presuntas tensiones internas dentro de sectores políticos cercanos al poder.
Cambio de juez en la causa
En los próximos días, la investigación quedará bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, quien deberá decidir si mantiene la delegación de la causa en la fiscalía o si asume directamente la conducción del expediente.
Además, deberá cumplir con una orden de la Cámara Federal para analizar si los audios que originaron la denuncia fueron manipulados, lo que podría impactar en la validez del proceso judicial.
