Un proyecto de ley fue presentado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles. La iniciativa fue impulsada por el diputado de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, y cuenta con el respaldo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
La propuesta fue denominada “Ley Rodrigo”, en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien se desempeñaba en la Quinta Residencial de Olivos y se suicidó tras ser víctima de una extorsión telefónica que, según la investigación, se habría realizado desde la cárcel de Magdalena.
El proyecto busca dejar sin efecto el protocolo que habilitó el uso de celulares en las cárceles durante la pandemia y modificar la Ley de Ejecución Penal Bonaerense para que las comunicaciones de los internos se realicen únicamente a través de teléfonos fijos o dispositivos controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Comunicación limitada y controlada
La iniciativa establece que cada persona privada de libertad podrá comunicarse con el exterior por un máximo de dos horas diarias, utilizando dispositivos administrados por el sistema penitenciario y que no estarán a libre disposición de los internos.
Además, el proyecto contempla la instalación obligatoria de inhibidores de señal en los pabellones y sectores de alojamiento para bloquear la telefonía móvil y la transmisión de datos, con el objetivo de evitar comunicaciones ilegales.
“Las cárceles parecen un call center del delito. Esto viene de la época de la pandemia y todavía sigue vigente”, afirmó Liberman al referirse al uso de celulares dentro de los penales.
El legislador sostuvo que la iniciativa busca terminar con las estafas, amenazas y extorsiones que, según denunció, muchas veces se organizan desde las cárceles mediante teléfonos móviles.
Qué pasará con los celulares de los internos
El proyecto también prevé que, una vez sancionada la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense notifique a los internos para que entreguen voluntariamente sus teléfonos celulares dentro de las 24 horas.
Finalizado ese plazo, se realizarán requisas en las celdas y espacios comunes para secuestrar los dispositivos que no hayan sido entregados y aplicar las sanciones correspondientes.
Ahora la iniciativa deberá iniciar su tratamiento legislativo en la provincia.
