2° Entrega Especial a 50 años del Golpe
El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no fue solo la interrupción de un gobierno democrático. Fue el inicio de un plan sistemático de terrorismo de Estado destinado a reorganizar la sociedad argentina mediante el miedo, la persecución y la eliminación física de miles de personas.
Por Rubén Magliotti
La junta militar integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti derrocó al gobierno constitucional de Isabel Perón y puso en marcha el llamado Proceso de Reorganización Nacional. Detrás de ese nombre burocrático se escondía un objetivo político claro: Destruir la industria nacional y liberar las importaciones, Contraer deuda externa, generar la llamada bicicleta financiera, destruir toda forma de organización social que cuestionara el orden impuesto por el régimen y disciplinar a la sociedad mediante el terror.
Con la excusa de la lucha contra la subversión, se persiguió, se detuvo clandestinamente, se torturó y se desapareció a militantes políticos, sindicalistas, estudiantes, periodistas, artistas en incluso ciudadanos sin militancia.
Un sistema clandestino para secuestrar y desaparecer personas
El aparato represivo fue planificado con precisión. No se trató de excesos aislados ni de acciones improvisadas. En todo el país funcionaron más de 600 centros clandestinos.
Las fuerzas armadas y de seguridad organizaron grupos de tareas que operaban de manera clandestina. Entraban a las casas de madrugada, secuestraban a las víctimas sin orden judicial, en vehículos sin identificación (los Falcon Verde) y las trasladaban a centros secretos donde eran torturadas.
Uno de los lugares más emblemáticos fue la ESMA, que funcionó en pleno Buenos Aires como campo clandestino de detención. Por ese lugar pasaron miles de personas, la mayoría de las cuales continúa desaparecida.
Las Fuerzas Armadas organizaron el país en zonas, subzonas y áreas militares para aplicar el plan represivo del llamado terrorismo de Estado. Este esquema permitió coordinar la persecución, secuestro, tortura y desaparición de personas consideradas “enemigas” del régimen.
División militar del país
Zonas militares
El territorio nacional fue dividido en cinco grandes zonas, cada una bajo el control de un Cuerpo de Ejército o una fuerza armada principal. Cada zona tenía autoridad sobre la represión y coordinaba centros clandestinos, inteligencia y operaciones.
Zona 1
Controlada por el Primer Cuerpo de Ejército
Incluía: Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y parte de La Pampa.
Fue la zona con mayor número de centros clandestinos.
Zona 2
Bajo el Segundo Cuerpo de Ejército
Abarcaba Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.
Zona 3
Bajo el Tercer Cuerpo de Ejército
Incluía Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.
Zona 4
Controlada por el Comando de Institutos Militares
Parte de la provincia de Buenos Aires.
Zona 5
Bajo el Quinto Cuerpo de Ejército
Comprendía la Patagonia: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del sur de Buenos Aires.
Subzonas y áreas
Cada zona se subdividía en:
Subzonas: generalmente a cargo de brigadas o grandes unidades militares.
Áreas: unidades más pequeñas que controlaban ciudades o regiones específicas.
En total hubo más de 20 subzonas y decenas de áreas, lo que permitió un control territorial muy preciso de la represión.
Objetivo del sistema
El objetivo era descentralizar la represión, pero mantener coordinación nacional. Cada jefe militar tenía autonomía para:
- Ordenar operativos de secuestro
- Administrar centros clandestinos de detención
- Coordinar con fuerzas policiales y servicios de inteligencia
Entre los centros clandestinos más conocidos estuvieron la ESMA, La Perla y Campo de Mayo.
Marco represivo más amplio
Esta organización territorial se vinculó con el plan regional de coordinación represiva conocido como Operación Cóndor, mediante el cual las dictaduras del Cono Sur compartían información y perseguían opositores incluso fuera de sus fronteras.
La desaparición como método de control social
El rasgo más brutal del terrorismo de Estado fue la desaparición forzada de personas.
Las víctimas eran secuestradas, torturadas y en muchos casos asesinadas sin dejar rastros. El objetivo era doble: eliminar opositores y instalar el terror en la sociedad.
Según el informe de la CONADEP publicado en 1984, el libro Nunca Más, se documentaron miles de desapariciones. Organismos de derechos humanos estiman que el número total asciende a 30.000 desaparecidos.
En medio de ese clima de miedo surgió una de las resistencias civiles más emblemáticas: las madres que comenzaron a marchar en la Plaza de Mayo reclamando saber dónde estaban sus hijos.
Vuelos de la muerte y robo de bebés
Investigaciones judiciales posteriores revelaron uno de los mecanismos más crueles del régimen: los vuelos de la muerte. Detenidos que permanecían secuestrados eran drogados y arrojados al mar o al Río de la Plata desde aviones militares.
El plan represivo también incluyó el robo sistemático de bebés nacidos en cautiverio. Mujeres embarazadas secuestradas daban a luz en centros clandestinos y sus hijos eran apropiados por otras familias.
Desde 1977, la organización Abuelas de Plaza de Mayo busca a esos niños. Décadas después, la restitución de identidades continúa.
Memoria, justicia y una herida abierta
La democracia recuperada en 1983 permitió iniciar los juicios contra los responsables. Bajo la presidencia de Raúl Alfonsín se llevó adelante el histórico proceso judicial contra las juntas militares.
Aunque la sanción de la Ley de Obediencia Debida y Punto Final limitaron la responsabilidad y la investigación a los genocidas. Sin embargo, la persistencia de las organizaciones de derechos humanos y la decisión política del presidente Néstor Kirchner permitió su anulación, iniciando así el camino del juzgamiento a los responsables del Terrorismo de Estado-
Con el tiempo, la justicia argentina consolidó una política de juzgamiento de delitos de lesa humanidad, considerados imprescriptibles.
Según los datos más recientes de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a marzo de 2026 se registran las siguientes cifras desde la reapertura de las causas en 2006:
1,202 personas condenadas: Esta cifra incluye a militares, policías y algunos civiles.
357 sentencias dictadas: Procesos judiciales finalizados en tribunales federales de todo el país.
630 personas detenidas: De las cuales la gran mayoría (más de 500) cumple arresto domiciliario debido a su avanzada edad.
1,213 imputados fallecidos: Personas que murieron antes de que se dictara una sentencia en su contra
Cada 24 de marzo, durante el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el país recuerda a las víctimas y reafirma el compromiso con el Nunca Más.
Porque lo ocurrido entre 1976 y 1983 no fue solo una dictadura: fue un sistema organizado de violencia estatal destinado a moldear la sociedad mediante el terror.
