La CGT presentó una medida cautelar ante la Justicia laboral para frenar la aplicación de 64 artículos de la denominada Reforma Laboral, al considerar que vulneran derechos constitucionales y tratados internacionales vigentes.
La presentación, firmada por los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, forma parte de una estrategia judicial más amplia que busca bloquear el avance de la ley impulsada por el Gobierno nacional.
Según el escrito judicial, la normativa —Ley N° 27.802— implica una modificación estructural del sistema de relaciones laborales que, de acuerdo a la central obrera, “vulnera derechos humanos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales con jerarquía constitucional”.
La acción en el fuero laboral se suma a otra presentación previa en el ámbito Contencioso Administrativo, donde la CGT ya había solicitado frenar artículos vinculados al traspaso de la Justicia del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde la central sindical sostienen que la reforma retoma aspectos del DNU 70/23, previamente declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y advierten que, pese a haber pasado por el Congreso, el proceso legislativo se desarrolló con “irregularidades” y sin el tratamiento adecuado en comisiones.
El planteo también cuestiona la “irrazonabilidad” de la ley, al señalar una supuesta desconexión entre los objetivos declarados —como la generación de empleo o la reducción de la informalidad— y las medidas adoptadas, que, según argumentan, implicarían un retroceso en derechos laborales individuales y colectivos.
En ese sentido, la CGT sostiene que el contenido de la reforma contradice principios del orden público laboral y estándares internacionales en materia de trabajo, al tiempo que advierte sobre el impacto que podría tener en la protección de los trabajadores.
La Justicia deberá ahora analizar el pedido de medida cautelar, en un contexto de creciente conflictividad en torno a las reformas impulsadas por el Gobierno en materia laboral.
