El Gobierno nacional difundió un video por el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que desató una fuerte polémica y un amplio rechazo de organismos de derechos humanos, al insistir con una mirada que equipara el terrorismo de Estado con la violencia de las organizaciones guerrilleras de los años ’70.
La pieza audiovisual, titulada “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa”, retoma una narrativa que distintos sectores consideran peligrosa, al poner en un mismo plano los crímenes sistemáticos cometidos por el Estado durante la dictadura con hechos de violencia política previos, desconociendo el consenso histórico y judicial construido durante décadas en la Argentina.
Desde organismos como Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo han sostenido históricamente que el terrorismo de Estado implicó un plan sistemático de desaparición, tortura y apropiación de niños, juzgado como delito de lesa humanidad, una categoría que no admite equivalencias.
En esa línea, referentes del movimiento de derechos humanos advierten que el enfoque impulsado por la gestión de Javier Milei representa un retroceso en materia de memoria, verdad y justicia, pilares construidos desde el retorno de la democracia y sostenidos como política de Estado durante años.
El video oficial cuestiona las políticas implementadas desde 2003 en adelante, calificándolas como “sesgadas” y planteando la necesidad de una “visión completa” de la historia. Sin embargo, especialistas y organismos señalan que ese planteo omite el carácter central del aparato estatal en la represión ilegal y relativiza la responsabilidad institucional de la dictadura.
Además, el mensaje de “dar vuelta la página” es interpretado como un intento de clausurar el proceso de memoria colectiva, en un contexto en el que continúan los juicios por delitos de lesa humanidad y la búsqueda de personas apropiadas durante el régimen militar.
El material incluye testimonios de víctimas de distintos hechos de violencia en los años ‘70. No obstante, las críticas apuntan a que su utilización en este contexto contribuye a reforzar una lectura que diluye la especificidad del terrorismo de Estado, ampliamente documentado por la Justicia argentina.
En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, organizaciones sociales, políticas y sindicales volvieron a movilizarse en todo el país para reivindicar la vigencia de estas banderas y rechazar cualquier intento de relativizar los crímenes de la dictadura.
En ese sentido, también se subraya la importancia de que las nuevas generaciones sostengan el compromiso con la memoria histórica, como una herramienta fundamental para evitar la repetición de hechos de violencia estatal. “Nunca Más” no sólo constituye una consigna, sino un consenso democrático construido tras décadas de lucha.
A 50 años del golpe, el debate sobre el pasado reciente vuelve a ocupar el centro de la escena política, con advertencias sobre los riesgos de retroceder en materia de derechos humanos y la necesidad de preservar políticas que han sido reconocidas a nivel internacional.
