Abril comienza con una nueva batería de aumentos en servicios esenciales que reflejan el impacto directo del programa de ajuste impulsado por el Gobierno nacional, con subas en transporte, tarifas, medicina privada y alquileres.
Desde el 1° del mes rigen incrementos en distintos rubros clave, en el marco de una política sostenida de quita de subsidios y actualización mensual de precios, que traslada cada vez más costos a los usuarios en un contexto de ingresos debilitados.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el transporte público vuelve a aumentar. El boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires asciende a $873,37 con SUBE registrada, mientras que en la Ciudad llega a $715,26. Para quienes no tienen la tarjeta nominada, los valores se disparan por encima de los $1.300, profundizando la segmentación y el acceso desigual al servicio.
Las tarifas de luz y agua también registran nuevos incrementos. Las distribuidoras eléctricas aplican ajustes en cargos fijos y variables, mientras que el servicio de agua avanza en la reducción de subsidios con subas cercanas al 4%. Se trata de aumentos que forman parte de una estrategia oficial para reducir el gasto público, pero que impactan de lleno en los consumos básicos.
En el sector de la salud privada, las prepagas aplican un nuevo incremento cercano al 2,9%, acumulando varias subas en lo que va del año. Aunque el porcentaje mensual parece moderado, la actualización constante termina erosionando la capacidad de pago de los usuarios.
El panorama se agrava en el mercado inmobiliario, donde los contratos alcanzados por la legislación anterior registran subas superiores al 30%, en un contexto de escasez de oferta y fuerte presión sobre los inquilinos.
A esto se suma la tensión en combustibles, con precios que ya superan los $2.000 por litro en algunos puntos, anticipando un efecto cascada sobre el resto de la economía.
Con una inflación que se mantiene elevada, el esquema de aumentos simultáneos expone una de las principales críticas al rumbo económico: mientras el Gobierno avanza en la reducción de subsidios y el ordenamiento fiscal, el peso del ajuste recae de manera directa sobre los hogares, sin una recomposición equivalente de los ingresos.
En este escenario, abril no solo marca un nuevo capítulo en la actualización de tarifas, sino también una profundización del debate sobre los costos sociales del programa económico y sus efectos en la vida cotidiana.
