El Gobierno nacional oficializó una nueva escala de aumentos salariales para trabajadores de la administración pública mediante el Decreto 206/2026, consolidando un esquema de subas escalonadas que, lejos de recomponer ingresos, profundiza la pérdida frente a la inflación.
El cronograma establece incrementos mensuales decrecientes: 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo. En un contexto inflacionario sostenido, estos porcentajes quedan rápidamente desfasados, configurando en los hechos una licuación progresiva del salario estatal.
La medida impacta sobre el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y alcanza tanto a personal permanente como transitorio, extendiéndose también a distintos suplementos y compensaciones. Sin embargo, el foco no parece estar puesto en recuperar el poder adquisitivo, sino en establecer un marco de aumentos controlados y previsibles desde el punto de vista fiscal.
A esto se suma la fijación de topes para las remuneraciones por servicios extraordinarios, que limitan aún más las posibilidades de compensar la caída salarial. Los montos establecidos, que parten de poco más de $790.000 y llegan a unos $850.000 hacia mayo, operan como un techo rígido en un escenario de precios en constante alza.
El carácter retroactivo de la medida no modifica el diagnóstico de fondo: los incrementos llegan tarde y en cuotas, mientras el deterioro del ingreso ya se encuentra consolidado. Además, la decisión de mantener congeladas las sumas fijas no bonificables hasta mayo refuerza la pérdida real en los haberes.
En este contexto, los trabajadores estatales enfrentan un panorama donde los aumentos nominales no logran seguir el ritmo de la inflación, mientras se consolidan mecanismos que priorizan el ordenamiento del gasto por sobre la recomposición salarial. La consecuencia es clara: salarios que, mes a mes, pierden capacidad de compra y profundizan el ajuste sobre el sector público.
