En un nuevo revés para el Gobierno, la Justicia laboral dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la reforma laboral en el sector educativo, dejando en pausa uno de los ejes centrales de la política oficial orientada a limitar la conflictividad gremial.
El fallo, impulsado por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que conduce Sergio Romero, tiene alcance nacional y frena temporalmente la implementación de la Ley N.º 27.802 en lo referido a la declaración de la educación como “servicio esencial”. Este punto buscaba restringir el derecho a huelga de los docentes, en línea con la estrategia gubernamental de avanzar sobre las organizaciones sindicales.
La resolución judicial representa un golpe significativo para el esquema de ajuste, ya que cuestiona uno de sus pilares: la reducción de la capacidad de presión de los trabajadores organizados. En los hechos, la medida restituye —al menos de forma provisoria— el margen de acción gremial frente a un contexto de deterioro salarial y creciente conflictividad en el sector educativo.
Desde la conducción sindical señalaron que la reforma colisiona con garantías constitucionales básicas, al intentar imponer límites a derechos colectivos bajo el argumento de garantizar la prestación del servicio. En ese sentido, Sergio Romero sostuvo que “esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo, y no restringir derechos”.
El fallo se inscribe en una serie de decisiones judiciales que vienen poniendo en tensión la viabilidad del programa laboral del Gobierno. Días atrás, la Justicia ya había suspendido de manera provisoria más de 80 artículos de la reforma laboral tras una presentación de la CGT, lo que evidencia las crecientes resistencias institucionales al rumbo oficial.
En este escenario, la ofensiva por imponer cambios estructurales en el mundo del trabajo encuentra obstáculos no solo en la calle, sino también en los tribunales, donde comienzan a acumularse cuestionamientos sobre la legalidad y el alcance de las reformas impulsadas bajo el argumento del ordenamiento económico.
