La polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación escaló con fuertes cuestionamientos por presuntos beneficios exclusivos a funcionarios del entorno de Javier Milei, en lo que ya es señalado como un posible esquema de privilegios dentro del propio Estado.
La diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, presentó una denuncia penal en la que advierte sobre un eventual “tráfico de influencias” en la asignación de préstamos millonarios a dirigentes de La Libertad Avanza. La legisladora fue contundente al calificar la situación como “depravada desde lo ético” y sostuvo que expone una contradicción directa con el discurso oficial contra “la casta”.
Según la denuncia, existen serias dudas sobre la rapidez con la que se aprobaron los créditos, las condiciones en las que fueron otorgados y los requisitos exigidos. En ese marco, Frade pidió que se revisen todas las carpetas crediticias para determinar si hubo trato preferencial, accesos facilitados o decisiones discrecionales dentro del banco público.
Las críticas también apuntaron al ministro de Economía, Luis Caputo, quien defendió públicamente estos préstamos y los calificó como una herramienta de “justicia social”, alentando incluso a funcionarios a tomarlos. Para la oposición, estas declaraciones no hacen más que agravar el cuadro, al mostrar un uso del Estado en beneficio de quienes lo integran.
Uno de los casos que encendió las alarmas es el de un joven funcionario vinculado al entorno de Martín Menem, que habría accedido a un crédito de cientos de millones de pesos pese a contar con ingresos considerablemente menores, lo que refuerza las sospechas sobre posibles favoritismos.
El escándalo golpea en un punto sensible para el Gobierno: su promesa de terminar con los privilegios de la política. Sin embargo, la denuncia instala la idea de que, lejos de desaparecer, estos beneficios podrían haberse reconfigurado bajo nuevas formas, ahora dentro del propio oficialismo.
La Justicia deberá determinar si se trató de simples irregularidades administrativas o de un mecanismo sistemático de beneficios para funcionarios, en un contexto donde la credibilidad del discurso anticasta vuelve a quedar bajo cuestionamiento.
