En una jornada atravesada por protestas y cortes de ruta encabezados por la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, el Gobierno confirmó el cierre del programa Volver al Trabajo, una de las principales herramientas de asistencia para sectores vulnerables, y volvió a defender su política de recorte del gasto social.
Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, argumentaron que la finalización del programa ya estaba prevista desde su creación. Sin embargo, la decisión se produce en un contexto de creciente conflictividad social, lo que alimenta las críticas sobre la oportunidad y el impacto real de la medida.
El programa, que había reemplazado al anterior esquema de asistencia, se presentaba como un puente hacia el empleo formal. No obstante, su cierre deja interrogantes sobre la efectividad de esa transición: no hay datos concluyentes que muestren una inserción laboral masiva de sus beneficiarios, mientras miles de personas pierden un ingreso en un escenario económico todavía frágil.
El Gobierno sostiene que los recursos serán redirigidos hacia políticas de “mayor impacto social” y destaca incrementos en prestaciones como la asistencia alimentaria y asignaciones familiares. Pero el argumento abre otra discusión: si el objetivo era mejorar la ayuda social, ¿por qué eliminar un programa antes de demostrar resultados concretos en términos de empleo?
Además, la insistencia oficial en eliminar intermediarios y ordenar el gasto convive con una realidad marcada por la reducción directa de ingresos en los sectores más vulnerables. En ese marco, la narrativa de eficiencia y transparencia choca con el impacto inmediato que estas decisiones tienen en la vida cotidiana de quienes dependen de estas políticas.
El cierre de Volver al Trabajo no solo implica el fin de un programa, sino que refleja un cambio de enfoque más amplio: menos asistencia directa vinculada al empleo y mayor énfasis en transferencias focalizadas. La pregunta de fondo es si ese giro responde a una estrategia efectiva o simplemente a una lógica de ajuste que prioriza las cuentas fiscales por sobre la contención social.
Mientras tanto, en las calles, el malestar crece. Y con él, la distancia entre el discurso oficial y una realidad que sigue exigiendo respuestas más concretas que promesas de reconversión.
