La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó nuevos elementos tras las declaraciones judiciales de las mujeres que financiaron la compra de un departamento en Caballito, quienes aseguraron que el funcionario aún adeuda 70.000 dólares más intereses.
Se trata de Graciela Molina y Victoria Cancio, quienes declararon como testigos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. Ambas ratificaron haber otorgado un préstamo privado —por fuera del sistema bancario— por un total de 100.000 dólares en noviembre de 2024, destinado a la adquisición del inmueble ubicado sobre la avenida Asamblea, frente al Parque Chacabuco.
Según sus testimonios, el acuerdo contempla cuotas mensuales vigentes, una tasa de interés del 11% anual y un vencimiento final previsto para noviembre de este año. Del total prestado, Molina habría aportado 85.000 dólares y Cancio los 15.000 restantes.
Sin embargo, el caso abre interrogantes sensibles: la Justicia busca determinar si las prestamistas —ambas integrantes de la Policía Federal— contaban con la capacidad económica para otorgar ese financiamiento y cuál es la trazabilidad real de los fondos utilizados en la operación.
A estas dudas se suma una versión contrapuesta. La escribana interviniente, Adriana Nechevenko, sostuvo que no existió un préstamo en efectivo y que la operación se estructuró como una compra financiada en cuotas entre privados, sin irregularidades aparentes. Esta diferencia de interpretaciones sobre la naturaleza del acuerdo profundiza las inconsistencias bajo análisis judicial.
La causa continúa avanzando y prevé nuevas declaraciones en los próximos días, entre ellas las de otras personas vinculadas a la operación inmobiliaria. En paralelo, también prestó testimonio el exfutbolista Hugo Morales, quien fue el propietario original del departamento antes de su venta.
Mientras se acumulan versiones cruzadas, el expediente pone el foco no solo en la deuda pendiente, sino en la opacidad de los mecanismos de financiamiento utilizados, en un caso que vuelve a exponer interrogantes sobre el patrimonio de funcionarios públicos.
