Tras la sanción de la reforma laboral en el Congreso, la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió apostar a la vía judicial para intentar frenar algunos de los puntos incluidos en la norma impulsada por el gobierno de Javier Milei.
El primer paso fue la presentación de un amparo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°7 para que se deje sin efecto el traspaso del Fuero Laboral del ámbito nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una de las disposiciones incorporadas en el paquete aprobado por el Congreso durante las sesiones extraordinarias.
La central sindical atraviesa, sin embargo, un escenario de fuerte incertidumbre interna tras el revés político que significó la aprobación de la reforma. Fuentes gremiales consultadas señalaron que “reina el caos” dentro de la organización, mientras se reorganizan las estrategias para enfrentar la nueva legislación.
Entre los dirigentes que siguen de cerca el proceso se encuentra el triunviro de la CGT Cristian Jerónimo, junto a Jorge Sola y Octavio Argüello, quienes analizan los próximos pasos de la central sindical.
En la conducción gremial consideran que el antecedente judicial del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 puede jugar a su favor. En enero de 2024, la Justicia suspendió el capítulo laboral de ese decreto, que incluía varios puntos similares a los que finalmente quedaron plasmados en la reforma laboral aprobada por el Congreso.
Entre esas medidas se encontraba el denominado “banco de horas”, que permite modificar las jornadas laborales según las necesidades del empleador, y la restricción del derecho a huelga en actividades consideradas esenciales.
Aquel conflicto judicial llegó incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que el Gobierno apelara el fallo adverso, aunque el máximo tribunal nunca terminó de resolver la cuestión de fondo.
Mientras tanto, el frente sindical opositor integrado por gremios como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el sindicato de Aceiteros, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) se encuentra momentáneamente desactivado tras las movilizaciones realizadas en Rosario, Córdoba y frente al Congreso durante el debate parlamentario.
En paralelo, ATE rechazó el aumento del 2,2% ofrecido por el Gobierno para los trabajadores estatales en la última reunión paritaria, propuesta que sí fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), uno de los gremios alineados con la CGT.
De esta manera, con la batalla parlamentaria ya perdida, la central obrera se prepara para librar los próximos capítulos del conflicto en dos frentes: los tribunales y la calle.
