Las autoridades de las universidades públicas agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional lanzaron una campaña en redes sociales para visibilizar el reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y la transferencia de fondos destinados a salarios, becas y gastos de funcionamiento.
La iniciativa se enmarca en la previa de una nueva jornada de protesta prevista para el 12 de mayo, donde se realizará una movilización federal en distintos puntos del país con el respaldo de gremios docentes, nodocentes, estudiantes y sectores políticos que adhieren al reclamo.
El eje de la campaña apunta a denunciar la falta de ejecución de la normativa aprobada por el Congreso, que establece la actualización de los recursos para el sistema universitario. Desde el sector universitario sostienen que el incumplimiento afecta de manera directa el funcionamiento de las instituciones y la continuidad de actividades académicas y de investigación.
Según los datos difundidos por el ámbito universitario, el ajuste acumulado en los últimos períodos ha generado una caída significativa en los fondos disponibles, con impacto en becas, programas de investigación y gastos operativos. También advierten por el deterioro salarial de docentes y nodocentes, que denuncian una pérdida sostenida del poder adquisitivo en relación con la inflación.
El conflicto incluye además un capítulo judicial, ya que el CIN presentó una medida cautelar para exigir el cumplimiento de la ley. En distintas instancias, la Justicia dio lugar a los planteos del sector universitario, aunque el Ejecutivo continúa sin aplicar plenamente la normativa y el caso sigue en revisión en instancias superiores.
Desde una mirada crítica, el escenario expone un conflicto institucional de alta tensión entre el sistema universitario y el Poder Ejecutivo, donde la discusión ya no se limita al financiamiento, sino también al alcance efectivo de las leyes aprobadas por el Congreso y su cumplimiento por parte del Estado.
En este contexto, la estrategia de las universidades de trasladar el reclamo al terreno digital busca amplificar el conflicto en la opinión pública y sumar apoyo social a una demanda que combina lo presupuestario con una disputa política e institucional de fondo.
