El intendente de La Matanza y presidente de la FAM criticó la decisión del máximo tribunal que revocó un fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras. También reivindicó el reclamo judicial de los excombatientes de Malvinas.
El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, cuestionó el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculado con la denominada Ley de Tierras y advirtió sobre las consecuencias que, según planteó, puede tener la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023.
La Corte Suprema revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley 26.737, que establecía límites a la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros. El máximo tribunal fundamentó su decisión en que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había promovido la acción, no tenía legitimación para impulsar ese reclamo y que no se configuraba un caso judicial en los términos constitucionales.
La decisión volvió a dejar vigente el artículo del DNU que derogó la Ley de Tierras, por lo que dejaron de regir los límites nacionales que establecía esa norma para la propiedad extranjera de tierras rurales. Sin embargo, la propia Corte aclaró posteriormente que no se pronunció sobre la constitucionalidad del régimen ni sobre la validez de la derogación de la ley, y que otros planteos judiciales podrán ser presentados.
Frente al fallo, Espinoza sostuvo que existe una contradicción entre el discurso del Gobierno nacional sobre la soberanía de las Islas Malvinas y sus políticas vinculadas con el territorio argentino.
“Mientras se llena la boca con un repentino sentimiento por Malvinas, nacido al influjo de las pretensiones geopolíticas de Trump, Milei consigue que la Corte Suprema avale su decreto que derogó la ley que protegía la soberanía y el dominio del territorio nacional”, expresó.
El intendente también destacó el rol de los excombatientes que impulsaron la presentación judicial contra la derogación de la Ley de Tierras.
“Fueron excombatientes de Malvinas los que consiguieron la medida cautelar que frenó el ímpetu extranjerizador del suelo argentino que impulsa Milei”, afirmó Espinoza.
Y agregó: “Ahora, con esta medida de la Corte, se abre la puerta a privados y Estados extranjeros para que se apropien de tierra argentina”.
El reclamo por la soberanía territorial
Espinoza también cuestionó el rumbo de las políticas nacionales y sostuvo que distintos sectores institucionales y sociales habían expresado reparos frente a la derogación de la Ley de Tierras.
“El pueblo en las calles, el Congreso y hasta la Justicia se habían pronunciado para que no haya otras Malvinas en el territorio argentino”, señaló el jefe comunal, quien vinculó la discusión sobre la propiedad de tierras rurales con la defensa de la soberanía nacional.
La Ley 26.737 establecía, entre otras restricciones, que la propiedad extranjera de tierras rurales no podía superar el 15% de la superficie nacional, provincial o departamental, además de fijar límites para la titularidad individual. La derogación de estas restricciones fue dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023.
En su declaración, el presidente de la FAM cuestionó además el alineamiento del Gobierno de Javier Milei con Estados Unidos y volvió a plantear la necesidad de preservar el control nacional sobre el territorio y los recursos.
“Seguiremos luchando. Las Malvinas son argentinas, pero el resto de nuestro territorio también lo es, diga Milei lo que diga y más allá de cualquier fallo inexplicable que consiga”, sostuvo.
Y concluyó: “Basta de entregar la soberanía. La Patria no se vende”.
