La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) obligó a las universidades nacionales a presentar antes del 31 de octubre sus planes de auditoría para 2027, en medio de una disputa creciente por el desfinanciamiento del sistema público. La medida llega justo cuando docentes, estudiantes, no docentes y rectores realizan una nueva marcha federal para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Más controles, menos presupuesto
Mediante la Resolución 311/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, la SIGEN dispuso que las unidades de auditoría interna de cada universidad presenten sus planes anuales de trabajo a través del sistema SISAC. Las pautas priorizan presupuesto y finanzas, compras, transferencias, patrimonio, personal, sistemas informáticos, ciberseguridad y rendiciones de fondos ante la autoridad nacional.
La resolución sostiene que el examen respetará la autonomía y autarquía universitarias y que no reemplazará las decisiones de los órganos de gobierno ni evaluará el mérito académico o científico. Sin embargo, el timing político resulta difícil de ignorar: el Estado aumenta la exigencia de rendición de cuentas sobre instituciones a las que, según los reclamos universitarios, recorta sistemáticamente los recursos necesarios para funcionar.
Un ajuste que golpea a la universidad pública
El reclamo de fondo no es la auditoría en sí, sino la asimetría de una política que pide transparencia mientras debilita la capacidad operativa de las casas de estudio. Las universidades nacionales denuncian que la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso tras el veto presidencial, no se aplica de manera efectiva.
Los números respaldan esa denuncia. Según estimaciones del Consejo Interuniversitario Nacional citadas por El País, las transferencias a las universidades cayeron 45,6% en términos reales entre 2023 y 2026. En paralelo, el proyecto de Presupuesto 2027 proyecta fondos 21,1% por debajo de los de 2023 a valores constantes, pese a una leve mejora nominal respecto de 2026.
Indicador Situación denunciada
Caída real de transferencias 2023-2026 45,6%, según el CIN
Fondos proyectados para 2027 frente a 2023 21,1% por debajo, a valores constantes
Presupuesto 2027 frente a lo que exige la ley 7,35 billones de pesos asignados frente a 9,8 billones requeridos
Recorte en infraestructura universitaria $5.303 millones en transferencias de capital para obras, según la Decisión Administrativa 20/2026
La paradoja del “control”
Las nuevas pautas de auditoría incluyen la evaluación del estado de las rendiciones de fondos: importes recibidos, aplicados, rendidos, observados y pendientes, junto con vencimientos y respaldos disponibles. Las universidades deberán distinguir entre datos verificados y pendientes de conciliación, aunque la carga de elaborar y presentar las rendiciones seguirá siendo de las áreas y autoridades universitarias.
Para el sector universitario, el problema es que el control se convierte en un relato sustituto de la política pública: se exige precisión contable a instituciones que deben sostener más de 2,1 millones de estudiantes con presupuestos deteriorados, salarios rezagados y obras paralizadas. No se discute la necesidad de controles legítimos; se cuestiona que el Gobierno los presente como justificación moral de un ajuste que compromete becas, investigación, extensión, hospitales universitarios y la propia continuidad de las clases.
Universidades bajo movilización
Este jueves se realiza la quinta Marcha Federal Universitaria de la gestión de Javier Milei, con movilizaciones en todo el país. El eje del reclamo es la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento, la recomposición salarial docente y no docente, y la incorporación de recursos suficientes en el Presupuesto 2027.
La consigna central es clara: una universidad pública no puede ser auditada como si su principal problema fuera la gestión interna cuando su problema estructural es la falta de financiamiento. Exigir rendiciones sin garantizar presupuesto equivale a pedirle a una institución que rinda cuentas de recursos que el propio Estado le niega.
Lo que está en juego
La universidad nacional no es un gasto prescindible: es infraestructura de movilidad social, producción científica, formación profesional y atención sanitaria en todo el territorio. Recortar su presupuesto, congelar salarios y postergar obras mientras se intensifica el control administrativo configura, para sus autoridades y organizaciones gremiales, una política de desguace encubierta bajo el lenguaje de la austeridad.
La discusión que se abre con la Resolución 311/2026 no debería ser si las universidades deben ser transparentes —deben serlo—, sino si un gobierno puede exigir transparencia mientras incumple una ley de financiamiento sancionada por el Congreso. Esa es la contradicción que la marcha universitaria busca poner en el centro de la agenda política
