Estudiantes, docentes, no docentes, rectores y organizaciones gremiales y políticas se movilizan este jueves en la quinta Marcha Federal Universitaria para exigir al Gobierno la aplicación “efectiva e inmediata” de la Ley de Financiamiento Universitario, además de recomposición salarial, más becas y un presupuesto que garantice el funcionamiento del sistema público.
La concentración comenzó a las 13:30 en Avenida de Mayo y Sáenz Peña y en puntos aledaños al Congreso, con réplicas previstas en distintas ciudades del país.
El reclamo central
El eje de la protesta es el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso tras la insistencia legislativa luego del veto presidencial, pero cuya ejecución plena sigue pendiente. La norma prevé la actualización de salarios docentes y no docentes, becas y fondos universitarios según la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) afirmaron que el Gobierno acumula una deuda salarial del 32% con los docentes. La secretaria general del gremio, Laura Carboni, sostuvo que un cargo testigo de ayudante de primera con dedicación semiexclusiva percibió en octubre un básico bruto de $561.659, frente a los $741.111 que, según el gremio, correspondería cobrar por ley.
“Nos deben un 32% de aumento salarial fijado por ley y la pérdida del poder adquisitivo destruye el ingreso de miles de docentes que todos los días sostienen las aulas y los laboratorios de la universidad pública”, afirmó Carboni.
Respaldo gremial y político
La marcha contará con el apoyo de la CGT, las dos CTA —de Trabajadores y Autónoma—, ATE, La Cámpora y el Frente de Izquierda de los Trabajadores, entre otras fuerzas.
La CGT sostuvo que la universidad pública es “una conquista histórica” y una herramienta indispensable para un país con igualdad de oportunidades, movilidad social y trabajo digno. Por su parte, la CTA-T vinculó la jornada con la defensa de la educación, la soberanía y la democracia, mientras que el titular de la CTA-A, Hugo Godoy, planteó además el reclamo por la derogación del DNU 70/23.
ATE confirmó un paro de 24 horas para acompañar la movilización. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, aseguró que habrá expresiones de protesta en todo el país y criticó el uso de decretos de necesidad y urgencia para avanzar sobre derechos laborales.
Un conflicto con respaldo judicial
La movilización se realiza después de que la Justicia impusiera multas al Gobierno por el incumplimiento sistemático de la normativa de financiamiento. La orden judicial exige la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados con la actualización de salarios y becas universitarias.
Los organizadores advierten que la falta de financiamiento ya genera consecuencias concretas: AGD-UBA denunció la salida de más de 1.200 docentes e investigadores de la UBA y sostuvo que, sin salarios dignos, se pone en riesgo la continuidad de la investigación científica y la calidad de la enseñanza.
Los puntos de la agenda universitaria
Aplicación inmediata y efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
Recomposición salarial de docentes y no docentes.
Aumento de las becas estudiantiles.
Presupuesto suficiente para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales.
Cumplimiento de los fallos judiciales que ordenan aplicar la norma.
La jornada vuelve a instalar el conflicto por la universidad pública en el centro de la agenda política, con un reclamo que combina la exigencia de cumplimiento legal, la disputa presupuestaria y una creciente oposición gremial y política a las políticas económicas del Gobierno nacional.
